Primeros fueron por los opositores. Cientos terminaron encarcelados y finalmente expulsados del país, en un proceso que incluyó una quita masiva de su nacionalidad nicaragüense. Ahora, las fuerzas de seguridad del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están golpeando las puertas de históricos dirigentes sandinistas en una purga interna sin precedentes.
“La purga forma parte del proceso de sucesión dinástica en que Murillo está asumiendo el control total del poder. Es evidente que todo está ocurriendo con la aprobación de Ortega. O al menos este no puede objetar ni oponerse. Esto significa tensiones, fisuras, pero no una crisis ni un derrumbe del régimen”, explicó a TN el director del diario digital Confidencial, Carlos Chamorro, hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro (1990-97) y exiliado en Costa Rica.
Los nombres no pasan desapercibidos. Son verdaderos “pesos pesados” del régimen comunista. La lista es extensa e incluye al hermano del presidente, el general retirado e histórico miembro de la revolución Humberto Ortega, declarado “traidor a la Patria”, y a Carlos Fonseca Terán, importante dirigente del partido e hijo de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y líder del movimiento guerrillero hasta su muerte en combate en noviembre de 1976.
Ambos están ilocalizables y al parecer bajo arresto domiciliario. El hermano del mandatario cayó en desgracia en mayo después de denunciar el carácter dictatorial del actual gobierno que él mismo ayudó a conformar. Lo último que se supo es que sufrió un infarto en junio.
Fonseca Terán, hasta hace poco director de relaciones internacionales del partido, “desapareció” de los círculos oficiales después que el 30 de agosto la fiscalía acusó a ocho funcionarios de ser coautores de fraude y malversación de caudales públicos. Al menos cuatro de ellos integraban un grupo de WhatsApp coordinado por el hijo del fundador del sandinismo, según Confidencial. El grupo buscaba impulsar el debate político.
TN intentó comunicarse con Fonseca Terán. Pero un mensaje por esa misma aplicación de mensajería nunca llegó a destino. Fonseca Terán solía enviar por esa vía a este sitio sus publicaciones en Facebook, siempre con una férrea defensa del gobierno de Ortega. Su último posteo en esa red social data del 25 de julio. Allí llamó a salvaguardar el gobierno de Nicolás Maduro, tres días antes de las contestadas elecciones presidenciales en Venezuela.
Según la prensa opositora, está ahora incomunicado en su casa en Managua junto a su esposa, Arlen Cuadra Núñez, bajo un régimen de prisión domiciliaria. Pero aún no fue acusado formalmente. Fuentes locales hablan que una treintena de dirigentes sandinistas fueron “depurados” en los últimos dos años.
El objetivo está a la vista: Murillo está empeñada en crear su propio círculo de dirigentes “leales” para asumir, en su momento, las riendas del poder.
Nicaragua atraviesa un aumento de las “medidas represivas”
Hay otros nombres importantes en la lista de personajes que cayeron en desgracia. El 7 de agosto, Ortega destituyó de manera “deshonrosa” al jefe de su escolta y comisionado policial, Marcos Alberto Acuña Avilés.
La versión oficial señala que “desobedeció flagrantemente órdenes superiores”. Ahora se prepara un juicio en su contra. Acuña, con 25 años de “lealtad”, es el uniformado en servicio activo más prominente en ser depurado en los 17 años ininterrumpidos que lleva el gobierno en el poder. Una versión que circula en Managua señala que Acuña Avilés se vio involucrado en una fuerte discusión con la vicepresidenta.
“En las semanas más recientes, el círculo de poder en Nicaragua se ha visto sacudido hasta los cimientos por las purgas de altos funcionarios públicos y que ya han tocado incluso a oficiales de primera línea en el Ejército. La magnitud de estas purgas es significativa”, alertó en un informe el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), que tiene su sede en Costa Rica.
Según el reporte, el gobierno de Ortega aumentó las “medidas represivas tanto dentro de su círculo de poder como contra la Iglesia católica” local. “Altos funcionarios públicos, oficiales de primera línea de la Policía y el Ejército, magistrados y jueces del Poder Judicial, alcaldes y secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otros, han perdido el sueño. Les afligen las noticias de la caída en desgracia, humillaciones y encarcelamiento de muchos de ellos en las semanas más recientes”, afirmó.
El informe de la Cetcam denunció que “la persecución religiosa ha alcanzado niveles alarmantes” en el país. “Desde 2018 a esta parte, más de 270 sacerdotes y obispos han sido encarcelados, desnacionalizados, desterrados y forzados al exilio, mientras otros son acosados, amenazados y visitados por la policía permanentemente”, advirtió.
Hay otros nombres clave en la lista negra. Steadman Fagoth Muller, asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, fue detenido por intentar “sustraer armamento orgánico” de la institución en los puestos ubicados sobre la ribera del río Coco “para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, procedente de Honduras”.
También fue arrestado el jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), el general de brigada Rigoberto Balladares, por orden de la vicepresidenta, según Confidencial.
La misma suerte sufrieron el general retirado Orlando Talavera Siles y el ex subdirector de la Policía Nacional Jorge Guerrero, ambos históricos miembros de la inteligencia sandinista. A Guerrero, de 81 años y antiguo compañero de armas de Ortega, se lo consideraba un viejo amigo del presidente.
La purga incluyó al ministro del sector agropecuario, Bosco Martín Castillo Cruz y a su vice, Ivania del Carmen León Rivas. También la ministra de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, Justa Pérez, y varios funcionarios de esa cartera.
Todas estas purgas, según coinciden fuentes nicaragüenses, buscan garantizar un apacible traspaso dinástico. Ortega cumplirá 79 años en noviembre. Su esposa tiene 73. En ese escenario, hay algo que los diferencia: la vicepresidenta se muestra muchísimo más activa y combativa que su marido en la vida pública y partidaria. Murillo está creando su propio círculo de figuras leales para preparar su desembarco a la cabeza del poder. El presidente, reelecto en 2021 con la mayor parte de la oposición inhabilitada, deberá entregar el gobierno en enero de 2027. La sucesión ya está en marcha.
