El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para 25 personas y 8 sociedades comerciales, en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado que ya dejó decenas de muertes en el país.
La resolución, firmada el 8 de julio, busca asegurar el patrimonio de los investigados ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa, y evitar que se consolide un eventual provecho económico derivado de actividades delictivas.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 12 de mayo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata informara que 18 pacientes habían sufrido infecciones tras la administración del producto “Fentanilo HLB”, nueve de los cuales fallecieron.
El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos dentro de los delitos contra la salud pública y promovió la acción penal en los términos del Código Penal, aunque advirtió que podrían surgir nuevas hipótesis delictivas a medida que avance la investigación.
La resolución judicial señala que los elementos recolectados hasta el momento “dan cuenta de una situación de emergencia sanitaria severa a partir del desvío de calidad del producto contaminado Fentanilo HLB, distribuido en casi la totalidad de las jurisdicciones del país y con efectos adversos, al menos hasta el presente, en decenas de pacientes que en muchos casos se encuentran fallecidos”.
Según el juez, hay indicios suficientes para sospechar de un entramado societario complejo que vincula a los laboratorios HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la Droguería Alfarma, principal distribuidora del medicamento. “Tales actividades, de acuerdo a la documentación obtenida, presuponen el flujo de bienes patrimoniales a gran escala”, advierte el magistrado.
En ese contexto, se dispusieron medidas urgentes para “neutralizar los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”.
La lista de personas alcanzadas por la medida incluye a Ariel Fernando García, titular de HLB Pharma, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda Furfaro y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena, quien hasta hace poco figuraba como presidenta de la firma. También fueron alcanzados Sebastián Daniel Nanini y Andrea Silvana Chierasco, quienes asumieron como presidente y vicepresidenta de la sociedad en marzo de este año, y otros directivos y responsables técnicos de las empresas involucradas.
Además, la inhibición recae sobre ocho sociedades: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA, Alfarma SRL, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA y Cables Epuyen SRL. Todas ellas, de acuerdo con la investigación, formarían parte de una red de actividades interconectadas que operaba en el circuito de producción y distribución de medicamentos.
El juez Kreplak ya había ordenado el 23 de mayo la prohibición de salida del país para varias personas vinculadas a la causa, y amplió esa medida el 25 y 27 de mayo, y el 9 de junio. Según explicó en la resolución, desde entonces se incorporaron nuevas pruebas, como informes bacteriológicos que detectaron coincidencia entre las cepas halladas en las ampollas de fentanilo y los hemocultivos de numerosos pacientes afectados. A eso se sumó la detección de irregularidades en la elaboración, comercialización y transporte del producto.
En paralelo, la ANMAT había suspendido la autorización para producir medicamentos a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, por considerar que el caso evidenciaba un “desvío de calidad” en la fabricación del fentanilo.
La medida judicial ya fue notificada a los registros de la propiedad inmueble de Buenos Aires, CABA y Santa Fe, así como a la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, los registros de buques y aeronaves, y a los clubes de campo San Diego y San Patricio, donde algunos de los imputados tendrían bienes registrados.
Por ahora, la causa no tiene imputaciones formales, pero el avance del expediente y el volumen de las pruebas recolectadas sugieren que el juez se encamina hacia esa instancia. El propio Kreplak advierte que “las características del suceso, el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
El expediente principal avanza con la expectativa de que los peritajes definitivos, tanto sobre los lotes contaminados como sobre la documentación secuestrada en los allanamientos, permitan confirmar las responsabilidades penales.
