Un informe elaborado por la especialista Silvina Ramírez, con el respaldo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), documenta minuciosamente cómo el Estado argentino, lejos de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos, ha emprendido una ofensiva sistemática para desmantelar las políticas públicas de protección, debilitar las instituciones clave y allanar el camino para el avance de intereses extractivistas sobre los territorios ancestrales.
Bajo la administración de Javier Milei, los derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina experimentan un retroceso sin precedentes. Un informe elaborado por la especialista Silvina Ramírez, con el respaldo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), documenta minuciosamente cómo el Estado argentino, lejos de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos, ha emprendido una ofensiva sistemática para desmantelar las políticas públicas de protección, debilitar las instituciones clave y allanar el camino para el avance de intereses extractivistas sobre los territorios ancestrales. Este proceso, que el informe califica como la construcción de un “paradigma de la crueldad”, no es un mero descuido presupuestario, sino el resultado de una concepción ideológica que prioriza un modelo de Estado monocultural, economicista y profundamente excluyente.
El contexto: la quiebra del “sueño noble” de la representación
El prólogo, a cargo del constitucionalista Roberto Gargarella, sitúa esta crisis en un marco más amplio: la quiebra del “sueño noble” de la representación política. En un contexto donde los partidos políticos se han vaciado de contenido y ya no canalizan las demandas sociales, emerge un liderazgo que explota el desencanto ciudadano. Gargarella describe al gobierno actual como una “tragedia” que expresa este momento institucional de crisis, liderada por un Ejecutivo que “desconoce y desprecia la Constitución” y que muestra una especial saña contra “las causas más justas, los sectores más vulnerables y los grupos más desamparados”, entre los que se encuentran los Pueblos Indígenas.
El desmantelamiento institucional: el INAI, de organismo descentralizado a unidad marginal
La llegada de Milei al poder en diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión. Su proyecto declarado de “achicar el Estado” hasta su casi destrucción se tradujo en una serie de medidas que, desde el primer momento, afectaron gravemente a las áreas dedicadas a los derechos humanos y la diversidad. La degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría, la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la desjerarquización del Ministerio de Ambiente fueron las primeras señales de un desmantelamiento que pronto se enfocaría con crudeza en la agenda indígena. El mensaje era claro: en el nuevo organigrama estatal, no había lugar para la protección de grupos históricamente vulnerabilizados.
Uno de los golpes más severos lo recibió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo estatal creado en 1985 como interlocutor privilegiado de los Pueblos Indígenas. Mediante el Decreto 438/25, el INAI fue transformado de una entidad descentralizada en una mera unidad centralizada bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Esta reubicación no fue solo administrativa; significó una pérdida drástica de autonomía funcional y un claro mensaje político de desprecio hacia la especificidad de la problemática indígena. A esta degradación institucional se sumó un feroz recorte presupuestario y la eliminación, vía resoluciones internas, de herramientas vitales como el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) –clave para el reconocimiento de la personería jurídica a nivel nacional– y el Programa de Fortalecimiento Comunitario, que proveía subsidios para asesoramiento legal en conflictos territoriales. El INAI, ya de por sí históricamente débil, quedó así reducido a una cáscara vacía, incapaz de cumplir con su mandato fundacional.
La regresión normativa: derogar la ley para liberar el territorio
La regresión normativa fue otro pilar fundamental de esta ofensiva. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24, el Poder Ejecutivo derogó la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial. Esta ley, sancionada en 2006, era una herramienta crucial: ordenaba el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades y establecía la suspensión de los desalojos mientras durara el proceso. Su derogación, decidida por decreto y sin debate parlamentario, tuvo un impacto inmediato y devastador. Los fundamentos del DNU, que acusaban a las comunidades de generar “inseguridad jurídica”, de ser un “impedimento para las actividades productivas” e incluso un “peligro para la soberanía nacional”, revelan, según el informe, un compendio de “exclusión, racismo y discriminación”. La consecuencia más tangible fue la apertura de las compuertas para una nueva ola de desalojos violentos, sumiendo a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad e incertidumbre sobre el futuro de sus tierras.
El rol de las provincias: leyes de consulta sin consultar
Este despojo a nivel nacional encontró un eco alarmante en las provincias. Lejos de actuar como contrapeso, muchos gobiernos provinciales se alinearon con la política del poder central, aprovechando el contexto para avanzar sobre territorios indígenas. Casos paradigmáticos son las llamadas “leyes de consulta inconsultas” sancionadas en Río Negro (Ley 5755) y Chubut (Ley V N.º 202). Estas normativas, que regulan el derecho a la consulta previa, libre e informada –estipulado en el Convenio 169 de la OIT–, fueron aprobadas sin consultar a las comunidades indígenas, vaciando así de todo contenido un derecho fundamental. El informe denuncia que estas leyes convierten la consulta en un mero trámite simbólico, no vinculante, donde el Estado define quiénes son consultados y sobre qué, con el único objetivo de “blanquear” decisiones ya tomadas y allanar el camino para los proyectos extractivos.
La justicia como brazo ejecutor: jurisprudencia restrictiva y criminalización
La esfera judicial no ha sido ajena a este retroceso. Por el contrario, la jurisprudencia ha acompañado el giro ideológico del gobierno. El informe analiza fallos clave donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y tribunales provinciales han adoptado una interpretación restrictiva de los derechos indígenas. En el caso “González, Florencio Antonio c/Colicheo, Florentino y otros”, la CSJN falló en diciembre de 2024 en contra de la comunidad mapuche Lof Tripal-co Rafling, priorizando el derecho de propiedad privada de un tercero sobre la posesión comunitaria indígena. En su argumentación, la Corte sostuvo que la propiedad comunitaria “no habilita bajo ningún concepto una interpretación que derive en una violación a la propiedad privada de terceros” y que el acceso a la tierra no puede darse mediante “vías de hecho”. Este precedente, según Ramírez, debilita enormemente la protección de los derechos territoriales y sienta las bases para legitimar futuros desalojos.
La criminalización de la protesta y la estigmatización de las comunidades se han convertido en una política de Estado. El informe documenta numerosos casos de represión y persecución judicial. En Chubut, la comunidad mapuche Pailako fue desalojada violentamente del Parque Nacional Los Alerces en enero de 2025, en un operativo que fue convertido en un acto público y ejemplificador. En Jujuy, la comunidad Kolla Cueva del Inca sufrió repetidos intentos de desalojo con una violencia extrema que incluyó la destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias. El caso más emblemático es el del Longko mapuche Facundo Jones Huala, detenido en junio de 2025 bajo la figura de prisión preventiva en un proceso plagado de irregularidades, sin acusación formal conocida y sin garantías del debido proceso. Su encarcelamiento fue anunciado como un “logro” por el Ministerio de Seguridad, evidenciando el uso del aparato penal como herramienta de disciplinamiento político.
La estigmatización como política: la RAM y la fabricación de un “enemigo interno”
Esta criminalización alcanzó su punto más álgido con la declaración de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, mediante la Resolución 210/25 del Ministerio de Seguridad. La medida, tomada sin presentar pruebas judiciales concretas, responsabiliza a la RAM de los incendios forestales en la Patagonia, vinculando arbitrariamente la derogación de la Ley de Emergencia Territorial con el aumento del fuego. El informe advierte que esta designación es gravísima, ya que extiende un manto de sospecha y legitima una persecución mucho más hostil contra todas las organizaciones y comunidades indígenas, presentándolas como un “enemigo interno” que atenta contra la soberanía nacional.
El telón de fondo económico: el RIGI y el avance extractivista
El telón de fondo de este desmantelamiento sistemático de derechos es un modelo económico que requiere territorios “libres” para su expansión. El informe dedica un capítulo central al análisis del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley de Bases 27.742. Este régimen, que otorga enormes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes corporaciones, especialmente en los sectores de energía, minería e infraestructura, es presentado por el gobierno como la llave para el desarrollo. Sin embargo, para los Pueblos Indígenas, el RIGI representa la amenaza más concreta y directa a sus territorios y modos de vida. El informe argumenta que el RIGI omite garantías ambientales y sociales básicas y se implementa sin respetar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, violando flagrantemente el Convenio 169 de la OIT.
Conflictos paradigmáticos: litio, Vaca Muerta y la “transición energética injusta”
Los casos del litio en el Noroeste y los hidrocarburos en la Patagonia son la expresión más cruda de este avance. En las salinas de Catamarca, Salta y Jujuy, 18 empresas transnacionales amenazan el frágil ecosistema y la única fuente de agua dulce de las comunidades Kolla y Atacama, todo ello en el marco de una “transición energética injusta” que sacrifica a los Pueblos Indígenas. En Neuquén, la explotación de Vaca Muerta mediante fracking avanza sobre territorios mapuche, consumiendo enormes cantidades de agua y generando contaminación y conflictos, mientras los “basureros petroleros” se multiplican sin control. Frente a esto, las comunidades han respondido con una creatividad notable, como la elaboración del protocolo de consulta autónomo “Kachi Yupi” (Huellas de la Sal) por parte de las comunidades salineras, un faro de autodeterminación en un mar de omisión estatal.
Balance desolador y caminos para la resistencia
A un año y medio de gestión, el balance que presenta el informe es desolador. Los retrocesos no son solo concretos –en forma de desalojos, desfinanciamiento y desprotección legal–, sino también conceptuales e ideológicos. Se está gestando, advierte Ramírez, una “historia que va en sentido contrario a una crónica real”, que niega el genocidio fundacional y reivindica un “progreso” que solo beneficia a unos pocos, a costa de la eliminación de cualquier sujeto que lo cuestione. El Estado se redefine como un ente monocultural que desconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, diluyendo su dimensión colectiva en una visión individualista y reductiva de la igualdad.
Frente a este escenario de hostigamiento sistemático, el informe no se limita al diagnóstico, sino que esboza una hoja de ruta para la resistencia. Propone, en primer lugar, persistir en la judicialización de cada violación, aun en un contexto judicial adverso, para ir construyendo una jurisprudencia favorable. En segundo término, urge la construcción de un frente común entre las diversas organizaciones indígenas para articular acciones con mayor poder de incidencia. La tercera vía es la generación de alianzas estratégicas con otros sectores, en particular el movimiento ambientalista, con el que comparten luchas y enemigos comunes. La internacionalización de la problemática, llevando las denuncias a foros globales, se presenta como un cuarto mecanismo para presionar al Estado. Por último, y quizás lo más importante, el informe subraya la necesidad de que las comunidades promuevan debates internos sobre la gestión territorial y construyan sus propios modelos de desarrollo, basados en el “Buen Vivir”, para evitar la imposición de lógicas ajenas y depredadoras.
El informe de Silvina Ramírez concluye con un llamado a la perseverancia. Aunque los mecanismos del Estado estén al servicio de una gestión que vulnera derechos diariamente, también pueden ser utilizados para minimizar impactos y generar salidas alternativas. Las gestiones de gobierno, recuerda, son transitorias, mientras que la lucha de los Pueblos Indígenas por el reconocimiento de sus derechos es histórica. En un momento de oscuridad institucional, la documentación rigurosa de los retrocesos y la obstinada defensa de las causas justas se erigen como un acto de resistencia y un faro de esperanza para el futuro.
REVISTA LITIGIO
