La defensa de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, argumentó que la causa actual ya fue investigada en febrero, por lo que se consideraría «cosa juzgada».

El juez federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en el marco de la causa que los investiga por presuntas compras irregulares por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El equipo legal de los dueños de la droguería Suizo Argentina había cuestionado el origen de la causa por usar grabaciones no autorizadas al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Sin embargo, Casanello se posicionó con el fiscal Franco Picardi, que días atrás se manifestó en oposición a la nulidad. En este contexto, la defensa podrá apelar la decisión ante la Cámara Federal.

Los argumentos de la defensa

El abogado de los hermanos Kovalivker, Martín Magram, sostuvo que las denuncias ya habían sido juzgadas en una investigación anterior que terminó archivada. La causa comenzó a fines de agosto, cuando Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación Arco Social, denunció compras millonarias realizadas por ANDIS a Suizo Argentina por aproximadamente 30 mil millones de dólares y sin previa licitación pública.

Entre sus argumentos, Magram destaca que el caso actual configura una situación de «cosa juzgada» por un proceso archivado en febrero de este año. Asimismo, cuestionó la severidad de los procesos ordenados por Casanello. «La orden nía muchísima información. Lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la firma«, comentó el abogado tras los allanamientos a la sede de la droguería.

El abogado defensor de los Kovalivker justificó también que los hermanos se negaran a entregar las claves de sus teléfonos celulares, apuntando a cuestiones de privacidad. «Un celular tiene información sensible. No lo hacen porque tienen algo que esconder, pero están expuestos a un escarnio público con fotos de sus hijos o videos íntimos, como uno donde Eduardo Kovalivker lee poesía», afirmó.

Por el momento, el análisis de la documentación secuestrada se encuentra en etapa preliminar y no se definió la presencia de irregularidades sobre la procedencia de los fondos involucrados. Desde la droguería sostuvieron que ningún contrato se ofertó con sobreprecios ni presentan irregularidades.