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    “Retornos” en el InSSSeP para la caja de la UCR: posponen para noviembre la audiencia de oposición previa al juicio

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    El Juzgado de Garantías 1 de Resistencia reprogramó para noviembre la audiencia de oposición previa al juicio oral contra Raúl Canteros, vocal pasivo del Directorio del InSSSeP. La fiscalía lo acusa de exigir aportes económicos a su sobrino, contratado del organismo, para financiar actividades políticas de la UCR en Fontana.

    La causa por presuntos pedidos de retornos en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) se encuentra en etapas definitorias. El Juzgado de Garantías 1 de Resistencia resolvió reprogramar para el 5 de noviembre a las 11 la audiencia de oposición previa al juicio oral contra Raúl Canteros, comisario retirado y actual representante de los jubilados en el Directorio de la obra social estatal.

    Según pudo confirmar LITIGIO, la decisión fue adoptada a pedido de los abogados defensores Gastón Chapo y Marco Molero, quienes solicitaron una nueva fecha debido a la superposición con otra audiencia en la que también intervienen como representantes.

    La fiscal Ingrid Wenner, titular del Equipo Fiscal 1, acusó a Canteros de concusión doblemente agravada en dos hechos, en concurso real, por supuestamente haber exigido y recibido $600.000 de su sobrino, Rodrigo Vallejos, designado como personal de gabinete en el organismo.

    Según la denuncia, Canteros le habría ofrecido el cargo con un salario de alrededor de $550.000, de los cuales Vallejos se quedaría con $200.000 y el resto debía ser entregado para colaborar con los militantes de la UCR de Fontana que no habían obtenido contratos. Los pagos se habrían concretado mediante dos transferencias bancarias, una en enero y otra en marzo de 2024.

    Cuando Vallejos se negó a seguir realizando aportes, Canteros solicitó su baja y designó en su lugar a su hijo. La acusación cuenta con capturas de WhatsApp entre tío y sobrino que respaldan la exigencia de los pagos y varios audios, así como testimonios de personas que confirmaron reuniones en las que se discutió el reparto del salario del contrato de gabinete.

     

    “Mirá, Rodrigo”, le respondió Cantero en uno de los chats entregados a la justicia. “Me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”, le recordó.

    “Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.

    Ante la fiscal Wenner, el excomisario reconoció que le pidió parte del sueldo que su sobrino cobraba a través del contrato que él mismo le consiguió en la obra social estatal. Y que esto lo hacía para repartirlo entre militantes de Fontana. Canteros no consideró que había nada malo en eso. De hecho, para él, fue casi un acto de filantropía.

    “Mi sobrino se comprometió a depositar en mi cuenta personal, para que yo fuera el que reparta y no tenga problema a fin de mes. Yo accedí a eso, al pedido, más que nada por la función social del dinero”, confesó.

    La causa contra Canteros quedaría lista para ser elevada a juicio oral luego de la audiencia de oposición en noviembre, instancia en la que la defensa podrá volver a cuestionar la acusación. De ser hallado culpable, el excomisario podría enfrentar una pena de entre uno y seis años de prisión.

    El caso de Canteros no es el único de estas características bajo investigación en la región. Ante la Justicia Federal se tramitan causas similares por presunta exigencia de aportes partidarios en el PAMI y ANSES del Chaco, aunque en esos casos los fondos habrían sido dirigidos al partido La Libertad Avanza. El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, está al frente de esa investigación.

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