Tras las declaraciones del secretario de Gobierno municipal, Emilio Varisco, la hija de uno de los propietarios de la verdulería Piceda, Priscila, rompió el silencio en Alerta Urbana y desmintió categóricamente las acusaciones de ilegalidad. En un diálogo tenso con Gustavo Olivello en Alerta Urbana, la comerciante aseguró contar con la documentación que respalda la ocupación del predio y denunció un accionar arbitrario por parte de la gestión actual.

Piceda afirmó poseer una constancia entregada por la propia mesa de entradas de la Municipalidad donde se reconoce que el predio figura a nombre de su hermano. “Tengo el papel que avala que el predio es de mi hermano, pero ahora se niegan a darme la nomenclatura catastral”, denunció. Además, sostuvo que cuenta con habilitaciones de gestiones anteriores y más de diez actas de inspección del último año donde nunca se le advirtió sobre irregularidades graves o falta de permisos.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue cuando reveló detalles de sus reuniones con los funcionarios. Según Piceda, en diálogos anteriores, tanto la jueza de Faltas como el propio secretario de Gobierno, Emilio Varisco, habrían admitido fallas en el procedimiento. “Ellos mismos me reconocieron que hicieron mal su trabajo al clausurarme de un día para el otro sin previo aviso, habiendo bajado mercadería el día anterior”, disparó.

Olla popular y pedido de tregua

Ante la desesperante situación de las 70 familias que dependen del comercio, los trabajadores iniciaron una olla popular en las puertas del local. Piceda solicitó una “solución transitoria” que permita la reapertura inmediata mientras se terminan de cumplimentar los trámites administrativos que el propio municipio hoy mantiene bloqueados.

“Le pedí al doctor Varisco que, como funcionario, me dé un permiso de un mes para trabajar hasta presentar lo que falta, pero me dijo que está fuera de su alcance. Hoy la gente tiene hambre y no tengo qué decirles”, lamentó la mujer. Ante la falta de respuestas políticas, la propietaria confirmó que buscará la intervención urgente del Defensor del Pueblo para destrabar un conflicto que pone en riesgo decenas de puestos de trabajo a días de las fiestas de fin de año.