Así lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia al confirmar la medida dictada en primera instancia tras rechazar las apelaciones de las defensas del dirigente piquetero, su esposa y tres de sus hijos. Están acusados como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
El ex líder del MTD 17 de Julio, Ramón Alberto “Tito” López, su esposa y tres de sus hijos continuarán detenidos a la espera del juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos de fondos públicos cuyas audiencias preliminares están previstas para el mes de septiembre próximo ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Así lo decidió este jueves la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia al rechazar los recursos de apelación de las defensas de López, su esposa Librada Romero y sus hijos David, Walter, y Daniel López contra la prisión preventiva dictada por el juez federal Nº 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich. Todos ellos están acusados como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.
Según el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini presentado a fines de mayo pasado, a la familia se le atribuye haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial y otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita.
La confirmación de la preventiva
El tribunal, integrado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, consideró que persisten los riesgos procesales que justifican la medida cautelar, destacando el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos, se mencionó el hallazgo reciente de una camioneta vinculada al caso, lo que refuerza la sospecha de que los acusados cuentan con recursos económicos fuera del circuito financiero.
Además, tuvieron en cuenta lo señalado por el fiscal general Federico Carniel, que la causa ya fue elevada a juicio, con una audiencia preliminar programada para septiembre de 2025, lo que aumenta la probabilidad de una condena y, con ello, el riesgo de que los imputados intenten eludir la acción de la justicia.
Las defensas habían argumentado falta de fundamentación en la resolución inicial y criticaron que no se valoraran adecuadamente las condiciones personales de los imputados, como el estado de salud de Librada Romero y la situación familiar de Daniel López. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el juez de primera instancia sí abordó estas cuestiones, aunque consideró que las alternativas menos gravosas a la prisión no eran suficientes para garantizar el desarrollo del proceso.
La decisión también hizo referencia a estándares internacionales, señalando que la gravedad de los delitos imputados y la severidad de las penas en expectativa son factores relevantes al evaluar el riesgo de fuga. El tribunal concluyó que el tiempo de prisión preventiva no resulta irrazonable dado el avance del caso y la complejidad de las maniobras delictivas investigadas.
Con esta resolución, se mantiene la prisión preventiva para los cinco imputados, mientras continúan los trámites para evaluar posibles medidas alternativas, como la prisión domiciliaria para Romero -está pendiente un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema- y el traslado de Daniel López a la U7, para estar más cerca de su familia. La causa seguirá su curso hacia el juicio oral, donde se analizará con mayor profundidad la responsabilidad penal de los acusados.
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