Se restringirá el uso de celulares, mochilas y aglomeraciones durante la jornada del 16 de noviembre
El domingo 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebrará un referéndum y consulta popular en medio de un gran despliegue de seguridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a otras 20 instituciones del Estado, ha implementado un conjunto de medidas restrictivas que buscan garantizar una jornada pacífica y libre de incidentes. Estas disposiciones van desde la prohibición del uso de celulares dentro de las urnas, hasta la revisión de mochilas y el control estricto de las aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales.
El operativo ha sido coordinado a través de la Mesa Nacional de Seguridad, instalada en las instalaciones del ECU-911 en Quito. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que se trata de un “hito técnico y humano que exige coordinación, experiencia y rigurosidad” . El sistema contará con 5.700 cámaras de videovigilancia activas a escala nacional y 3.100 funcionarios operativos ante cualquier emergencia, según informaron las autoridades de seguridad.
Uno de los puntos clave del operativo será la revisión de mochilas o maletas que los ciudadanos lleven consigo a los centros de votación. Personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estará facultado para realizar estas inspecciones en los ingresos. Además, no se permitirá que los votantes permanezcan en los exteriores de los recintos una vez hayan sufragado, con el objetivo de evitar concentraciones que podrían ser aprovechadas por grupos delictivos para desestabilizar el proceso.
El uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo electrónico dentro del recinto electoral también estará estrictamente prohibido. Esta medida, que ya fue aplicada en la segunda vuelta presidencial de abril de 2025, busca impedir que se tomen fotografías de la papeleta, una práctica que puede vulnerar el voto secreto y abrir la puerta a presiones indebidas o compra de votos. En días pasados, el CNE ratificó esta prohibición mediante cadena nacional, subrayando su carácter obligatorio.
Otras recomendaciones incluyen no asistir a los centros de votación con niños, y la restricción de ventas ambulantes en los alrededores de los recintos. En este sentido, el CNE ha enviado solicitudes formales a los municipios para que se controle esta actividad informal que también puede contribuir a la formación de aglomeraciones. Las cámaras del ECU-911 estarán programadas para alertar a las autoridades sobre movimientos sospechosos o reuniones numerosas que puedan comprometer el orden público.
Las medidas se aplican en un contexto de creciente preocupación por la seguridad. El 14 de octubre, un coche bomba estalló en Guayaquil, lo que activó las alertas en varias provincias consideradas de alto riesgo como Manabí, Los Ríos y El Oro. Las Fuerzas Armadas han iniciado labores de inteligencia anticipadas para evitar que grupos del crimen organizado interfieran con el proceso electoral.
El CNE también ha reforzado también los mecanismos de seguridad documental. Al 26 de octubre, se había impreso el 42,62 % de las 13,9 millones de papeletas previstas. Cada una cuenta con tres niveles de seguridad que incluyen microtextos, códigos de barras y QR, efectos anticopia y tintas especiales diseñadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) para impedir cualquier tipo de falsificación.
Para garantizar la transparencia del proceso, el organismo electoral ha acreditado hasta el momento a 781 observadores, de los cuales 740 son nacionales y 41 internacionales.
La jornada también estará precedida por restricciones legales clave: la ley seca entrará en vigor desde las 12:00 del viernes 14 de noviembre hasta el mediodía del lunes 17, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Además, desde las 48 horas previas al día del referéndum regirá el silencio electoral, lo que impide la difusión de propaganda política en medios de comunicación y redes sociales. Quienes incumplan estas disposiciones se exponen a sanciones económicas: hasta 50% del salario básico para infractores de la ley seca, y hasta 70% en el caso de violaciones al silencio electoral, conforme al Código de la Democracia.
