Javier Milei está decidido a ahogar en términos financieros a Axel Kicillof para asegurarse de que el peronismo pierda las elecciones del año próximo. Según pudo saber LPO, en la Casa Rosada es una decisión tomada.
El gobierno nacional no cederá con los recortes de fondos que ya ejecutó sobre la provincia de Buenos Aires y tampoco habilitará giros para terminar obras que habían arrancado con financiamiento del gobierno de Alberto Fernández.
Resta saber si habrá luz verde para que la provincia pueda tomar crédito, un trámite que requiere la aprobación de Luis Caputo. Días atrás, trascendió que el ministro había aprobado uno de los dos pedidos que Kicillof había realizado para poder endeudarse. Sin embargo, esa versión fue desmentida a LPO por voceros del gobierno provincial.
Por lo pronto, desde la Rosada ya le avisaron a Kicillof que si quiere terminar la autopista Presidente Perón deberá hacerlo con fondos de las arcas provinciales. Algo que por el momento parece imposible.
Según un informe que difundió el gobierno provincial, las deudas directas del gobierno de Milei con la provincia ascienden -como adelantó LPO- a más de un billón de pesos ($1.270.605.000.000). Sin embargo, si se suman las deudas por saldos de obra pública comprometida en la provincia; deuda estimada por la discontinuidad de programas nacionales y distintos reclamos elevados por la provincia, el monto asciende a 5,8 billones de pesos (ver informe).
La premisa del gobierno de Milei es acorralar a Kicillof, un economista que se posiciona en las antípodas del presidentes en términos teóricos e ideológicos. El gobernador es un seguidor de las políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado que postuló Keynes. Para el Presidente, el fracaso de Kicillof supone además el fracaso de esa teoría económica y del propio Keynes.
La semana pasada, el gobernador mantuvo un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano y le llevó como obsequio sus dos libros sobre el economista británico: ‘De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico’ (2010) y ‘Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes’ (2007).
El modo en que el presidente de YPF presionó al gobierno de Kicillof para que la provincia adhiera al RIGI sorprendió incluso a la oposición. «Si la Provincia no adhiere al RIGI se terminó la discusión, ¿quién va a poner la plata?», afirmó Horacio Marín.
El tema reviste una gravedad extrema. Al punto que Kicillof mantiene silencio sobre las expresiones del hombre de Techint. En La Plata son conscientes que si la planta de GNL que proyectan YPF y Petronas no se instala en Bahía Blanca, será un costo altísimo para la provincia en términos económicos, pero además puede ser drástico para el peronismo del sur de la provincia.
Kicillof busca mostrar gestión y cercanía con los bonaerenses. Quiere ser la antítesis de lo que muestra el Presidente. Tiene todavía el gobernador un paquete de obras cercanas a finalizarse que le permitirán tener un 2024 activo. Sin embargo, no hay obra nueva y las inauguraciones en los próximos tres años serán casi nulas sin asistencia del gobierno nacional.
Kicillof apuesta a que un fallo de la Corte pueda revertir el recorte de fondos del gobierno nacional sobre Buenos Aires. «Es el Máximo Tribunal el que tiene que resolver el conflicto porque en este caso no lo puede resolver la política», dijo el gobernador en abril. Sin embargo, el Máximo Tribunal no se expide.
Mientras tanto, busca visibilizar el problema y lleva el reclamo incluso al terreno porteño. Días atrás encabezó una conferencia de prensa en CABA junto a unos 60 intendentes. Antes, los alcaldes y funcionarios del gobierno bonaerense habían llegado hasta el ministerio de Economía de la Nación para presentar un reclamo formal.
Mientras tanto, la oposición salió a advertir sobre la situación financiera de la provincia. El senador provincial Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) difundió un informe donde sostiene que el gobierno de Kicillof surfea 2024 con un déficit de 1,4 billones de pesos, lo que supone 4,4 masas salariales de trabajadores públicos bonaerenses.
El trabajo plantea tres números que explicarían los números en rojo en la provincia. El primero surge -a partir de la ejecución presupuestaria- del pago de salarios de diciembre del año pasado cuando se pagó 320.000 millones de pesos. Ese viene a ser el monto más alto de 2023 y supone el piso de 2024.
Otro número surge del déficit presentado en diciembre por el propio gobierno: unos 627.296 millones de pesos. En tanto, el último ítem surge de las transferencias discrecionales que recibió la provincia el año pasado y que totalizaron 791.520 millones de pesos. Se sabe que esas transferencias fueron recortadas totalmente para el corriente año. De esas tres variables surge que para el año 2024 faltaría un total 1,4 billones de pesos, equivalente a 4,4 masas salariales.
