Así lo dispuso la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, a solicitud del fiscal, Patricio Sabadini. La magistrada fundamentó la prórroga de la cautelar, dictada en agosto pasado, en base a que se constató que las topadoras continuaron avanzando sobre el monte chaqueño pese a la prohibición. La medida judicial es una derivación de la causa penal por la denominada “Mafia del Desmonte”, impulsada desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Los desmontes continuarán prohibidos en el Chaco durante tres meses más. Así lo dispuso el viernes último la jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, al hacer lugar a la prórroga de la medida cautelar solicitada por el fiscal, Patricio Sabadini, en el marco de la denuncia penal impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra la “Mafia del Desmonte”.
La prohibición está dirigida al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco y comprende a los desmontes que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos. También requirió a la cartera provincial que adopte las medidas necesarias a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida judicial.
Niremperger fundamentó su decisión en base a los informes arrimados a la causa por parte del Ministerio Público Fiscal a partir de los cuales se constató la continuidad de la tala indiscriminada pese a la prohibición que rige desde el 19 de agosto pasado. “Advierto que se encuentran subsistentes los requisitos de procedencia, la relevancia de los bienes colectivos en juego, el interés público, la necesidad de su conservación y demás circunstancias tenidas en cuenta en oportunidad de sustentar la medida precautoria”, indicó la magistrada.
“Ello, máxime si se advierte la conducta procesal asumida por el Ministerio Público Fiscal en el desarrollo de la investigación, donde se encuentran realizando numerosas medidas instructorias tendientes a acreditar la hipótesis delictiva postulada en la causa principal”, añadió.
Los casos señalados por el Ministerio Público Fiscal son varios. El primero, se basa en información periodística publicada en medios locales el 5 de octubre pasado. El hecho ocurrió en el Departamento Almirante Brown, en la zona de El Impenetrable chaqueño, a cincuenta kilómetros del norte de Pampa del Infierno. Allí se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un desmonte ilegal. Si bien la policía logró detener la máquina, no obstante, varias hectáreas de monte ya habían sido afectadas.
A esto se sumó un informe remitido el 22 de octubre pasado a la Fiscalía Federal de Resistencia por parte de la Dirección de Bosques del Chaco, donde se confirmó la detección de predios desmontados con posterioridad al dictado de la medida cautelar.
Otro informe de Gendarmería Nacional ratifica la continuidad del desmonte pese a la prohibición. La Unidad de Información Criminal (UNICRI) indicó que en la zona del departamento Almirante Brown, donde realizaban patrullajes preventivos, se constató que se llevaron a cabo tareas de deforestación.
También indicaron que, en relación al área desmontada, se pudo observar desde la zona más visible una cortina de árboles de escasos metros, modalidad típica utilizada para estos tipos de operaciones ya que se pretender ocultar lo que se realiza en el resto de la zona afectada.
Por esto, el personal, al acercarse a la entrada del campo en cuestión, pudo visualizar grandes distancias deforestadas, como así también troncos amontonados en cercanías de la entrada y salida.
Asimismo, se informó a la fiscalía de actividades de desmonte realizadas en el “Paraje Agua Dulce”, ubicado en el Departamento de Güemes, donde se constataron actividades de cambio de uso de suelo, realizadas por personas ajenas a la propiedad desmontada, sin la autorización correspondiente del propietario y sin ninguna documentación que avale dicha actividad.
Mafia
Cabe recordar que, a mediados de agosto, y en base a una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el fiscal Sabadini, presentó esta ante el juzgado de Niremperger un pedido de investigación contra exfuncionarios, diputados y empresarios acusados de perpetrar una serie de delitos que tuvieron como fin la tala indiscriminada del monte chaqueño.
La acusación incluye a Hernán Javier Halavacs, gestor forestal y, por ese entonces, ministro de Producción del Chaco; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, actualmente empresario forestal y Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal, quien también se desempeñó como asesor legal de Halavacs.
Asimismo, están en la nómina de acusados Atlanto Honcheruk, empresario forestal y actual diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Ambiente. La imputación deja abierta la posibilidad de incluir a toda otra persona que posteriormente se determine en el transcurso de la investigación.
En su requerimiento, Sabadini los acusa por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal) y “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Por otra parte, dejó en claro que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal contra las Personas Jurídicas. Estas son: Vicentin; Las Guindas SA; Establecimiento Monterrey; Cuenca del Salado SA; Grupo Buratovich Hermanos; MSU (Manuel Santos de Uribelarrea); TRIAD SA; Alejandro Hayes Coni; Ricardo Shihon y Jerilderie; Cigra SA y La Nueva Pirámide SA.
La denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentada ante la Fiscalía Federal el 3 de julio pasado, se originó a partir de la aprobación de la ley del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la madrugada del 30 de abril pasado por parte de la Cámara de Diputados del Chaco.
En contra del espíritu de la ley, la normativa sancionada esa madrugada permite “el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo” y está “hecha a medida del agronegocio y las tanineras”, señalaron desde la ONG.
Además, indicaron que es una norma regresiva en materia ambiental, algo que infringe normativas tales como la resolución 236/12 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
En ese contexto, denunciaron que el cambio legal fue impulsado por lo que llaman “la puerta giratoria”: funcionarios que son a la vez empresarios forestales “que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.
“Paradigmático”
Paradigmático es el caso del (por ese entonces) ministro de Producción, Hernán Halavacs. En la denuncia presentada se develó la relevante participación que tuvo el funcionario designado por el gobernador, Leandro Zdero, en la elaboración del nuevo mapa de OTBN, el cual beneficiará a los poderosos clientes de su consultora “Hiula”, dedicada a tramitar permisos para desmontes. El actual ministro, vale recordar, tramitó en su rol como consultor privado el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021: una enormidad.
Según señalaron los Abogados Ambientalistas, la denuncia penal tiene como objetivo “que se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia”. En ese sentido, afirmaron que se trata de “una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción”.
