Una fuerte polémica se instaló en las últimas horas en Salto al conocerse el traslado de la sede distrital del Pami al local donde funciona el búnker de La Libertad Avanza en este municipio del norte bonaerense.
Como agravante, concejales denuncian que el inmueble en cuestión es propiedad de la familia del referente libertario local, el concejal Iván Amador Pérez Morelli.
Según pudo saber LPO, la delegación funcionaba en una dependencia municipal donde se instalará un centro universitario, razón por la que, ya desde el año pasado, la comuna hizo la notificación de traslado al Pami.
«Le dimos tres meses para que encuentren un lugar hasta que le dimos un ultimatum para hacer el salón para la facultad», dijo a LPO el intendente local, Ricardo Alessandro, que repudió el traslado al local partidario de La Libertad Avanza: «Estas personas hacen cualquier cosa, no tienen ningún tipo de pudor. Se manejan con una impunidad total», sostuvo.
Cerca de los libertarios, no hay un argumento unificado para semejante decisión. Algunos se excusan en la dificultad de alquilar en el centro de ciudad y otros culpan al letargo en nombramiento de funcionarios que autoricen un alquiler.
A eso, la concejal del Frente de Todos Carolina Rodríguez cruzó: «Alternativas siempre hay. Incluso, podrían haber hecho un convenio con Anses, que es un organismo nacional y mudar transitoriamente la oficina de Pami ahí, como pasa en otras ciudades. O podrían haber acordado con alguna institución. No vimos que hayan agotado instancias», dijo a LPO.
La concejal peronista adelantó que en su bloque harán un pedido de informes a la sede central de Pami para que conocer las condiciones bajo las cuales funciona la delegación local en una sede partidaria.
«Las autoridades de Pami a nivel nacional no pueden permitir esto, es un organismo que tiene un reglamento de contrataciones a proveedores, de alquileres y compra de inmuebles muy claro. Uno de los puntos principales del reglamento habla de la ética y transparencia y eso no se está cumpliendo. Como mínimo, habla de una ineficiencia», dijo.
Extitular de Anses en Salto, Rodríguez también cuestionó la falta de personal en esa dependencia, donde asiste un promedio de 300 personas por día.
«Lo más grave es que ellos tratan los lugares públicos como si fuera propios. Ahí tenemos un problema importante», sostuvo la concejal.
No se trata de la única polémica en torno al organismo que conduce Esteban Leguizamo. Días atrás, LPO contó que, en Jujuy, el diputado libertario Manuel Quintar puso al administrador de su clínica al frente de la delegación jujeña del Pami.
