El peronismo de Córdoba decidió arrancar el segundo semestre del 2024 marcando fuertes diferencias con el gobierno de Javier Milei. Sobre todo, porque entienden que ahora lo hacen con más oxígeno después de haber prestado los votos para la aprobación de la Ley Bases y la firma en Tucumán para el Pacto de Mayo.
Y en esa disputa de agenda, tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente Daniel Passerini decidieron profundizar dos reclamos que tienen un fuerte impacto en el electorado cordobés como son los subsidios al transporte urbano de pasajeros y los fondos para la Caja de Jubilaciones. Donde, en ambos casos y por decisión de Casa Rosada, no llegaron fondos a Córdoba desde que asumió Milei en diciembre pasado.
Como lo contó LPO, la cuestión previsional es coordinada entre Llaryora, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Algo similar a lo que ocurre en el transporte con un reclamo conjunto de Passerini, el rosarino Pablo Javkin y una buena porción de intendentes de todo el país que acusan de discriminación a la gestión libertaria.
En esto último, el trascendido de una mayor inyección de recursos en Amba por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación que encabeza el exfuncionario del cordobesismo, Franco Mogetta, desató un nuevo cruce entre viejos conocidos. Y a pesar del incremento del boleto en Amba que llevó el viaje mínimo a $370, en Córdoba el enojo lo protagonizó el propio Passerini, a días anunciar un incremento que llevará el colectivo en la capital cordobesa a $940. Lo mismo que sale en Rosario.
«Pareciera que hay populismo para porteños y motosierra para los cordobeses», dijo Passerini esta mañana en Radio Mitre Córdoba y habló acerca de la marcha atrás con la resolución por la que apuntan a Mogetta.
«Esta resolución va para atrás, pero va para atrás porque decidimos reclamar», agregó Passerini, en clara referencia a un Zoom de intendentes que se desarrolló el miércoles por la tarde cuando trascendió la posibilidad de mayores recursos al Amba. Algo que fue desmentido por Mogetta, pero que no logró calmar las tensiones.
Al punto, que además de Mogetta quedó en la mira de otros excompañeros de ruta del cordobesismo el titular de CNRT, Edgar Pérez, hombre que en algún momento fue funcionario del delasotismo vía Walter Saieg, un caudillo delasotista del Gran Córdoba que también fue parte de la gestión de Alberto Fernández.
En tanto, por los fondos de la Caja de Jubilaciones, Llaryora arribará este fin de semana de su gira por el exterior que incluyó Corea del Sur, Japón y Reino Unido. Durante la gira, ordenó que se evite cualquier movimiento que pueda esmerilar el vínculo con la Nación, particularmente con el ministro de Economía, Luis Caputo, el dueño de la firma para garantizar el empréstito en el exterior.
La preocupación fue tal que buscó que la pata cordobesista del bloque en Diputados se despegara de varias críticas en las últimas semanas a la gestión libertaria.
Ahora la fase cambió. El reclamo por los fondos de la Caja de Jubilaciones podría judicializarse y Llaryora impulsa el pedido de una audiencia en la Corte Suprema junto a Pullaro y Frigerio. Cierto es también que a la vera del Paraná observan el equilibrio que pretende hacer el cordobés y no agrada el timming del hombre del PJ.
En Córdoba también buscan encorsetar a la oposición que encabezan Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Al primero, lo van a correr con la línea directa que el jefe del bloque PRO en el Senado tiene con Milei; en tanto, al líder de la bancada radical en Diputados lo van a presionar con el reclamo unificado junto a Pullaro.
Ese mensaje dejó esta semana en la Legislatura provincial el diputado llaryorista, Ignacio García Aresca, el hombre de mayor confianza del gobernador cordobés en el Congreso.
La presión a la oposición con bancas en el Congreso ya la hicieron en su momento José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti con el radical Mario Negri y con el propio Juez. No prosperó en el legislativo nacional, pero entrampó en aquel momento a la oposición cordobesa.