Cristina activó una campaña internacional ante la posibilidad que la Corte Suprema confirme su condena en la causa Vialidad y la justicia ordene su detención. El primer contacto fue con el Grupo Puebla que reúne a expresidentes progresistas de la región y lidera el chileno Marco Enriquea-Ominami.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el viernes pasado un recurso extraordinario de la ex presidenta contra la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, la defensa de la ex presidente fue en queja ante la Corte Suprema para que revea la condena, un paso casi formal porque Cristina está convencida que la actual mayoría de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla, ratificarán la condena, como ella misma dejó en claro en un largo posteo publicado este viernes en X.
Si bien la Corte aún no recibió el recurso, desde el kirchnerismo advirtieron al Grupo Puebla que la confirmación de la condena de Cristina por parte de la Corte Suprema podría producirse en semanas. Si esto es así, no podría presentarse como candidata en las próximas elecciones legislativas.
Su condición de presidenta del principal partido opositor al gobierno de Milei, creen en el kirchnerismo, le da entidad a la idea de construir un caso internacional en torno a la figura Lawfare, una de las agendas del progresismo regional que argumenta la utilización de la justicia y los medios para anular políticamente a los líderes progresistas.
LPO habló con un directivo del Grupo de Puebla que confirmó que en ese grupo político «se está siguiendo minuto a minuto de la situación judicial de Cristina, con mucha preocupación desde toda la región». En el Instituto Patria esperan que ese grupo emita un comunicado en los próximos días.
La fuente del Grupo Puebla consultada explicó a LPO que es el Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que conducen la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, quiene viene siguiendo el expediente contra Cristina Kirchner desde sus inicios.
«No está planificado aún alguna acción porque estamos en seguimiento continuo del tema y seguramente haremos algún pronunciamiento en su debido momento», agregó.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que «el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal». En ese sentido, están contacto permanente con el Patria.
La decisión de Cristina de empezar su campaña internacional por el Grupo Puebla tiene su lógica. Ante la falta de organismos políticos regionales como supo ser la Unasur, este grupo empezó a ocupar ese vacío. Coordinado por Enriquez-Ominani, está integrado por los ex presidentes de Brasil, Ecuador y Colombia, Dilma Rouseff, Rafael Correa y Ernesto Samper, entre otros. Intervino en la crisis de Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y formaron parte de la estrategia de Lula para elegir un candidato propio en la OEA.
La idea de quienes impulsan esta jugada es sumar un elemento de presión en la previa de la decisión de una Corte Suprema de Justicia que elige con mucho cuidado las decisiones que sabe impcatarán de lleno en el proceso político y electoral.
Esta situación emparenta a Cristina con la de Lula en 2018, detenido en una prisión más de 500 días luego de un votación clave de la Corte Suprema. La diferencia con es que la ex presidenta, si se confirma su condena, quedaría detenida en prisión domiciliaria.
No es la primera vez que Cristina busca respaldo internacional ante sus problemas judiciales. En 2022, tuvo un importante apoyo regional cuando los entonces presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, firmaron una declaración junto a Alberto Fernández en la que denunciaron «persecución judicial» a Cristina por la causa Vialidad.