Clelia Ávila, ex interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), reveló detalles sobre la desorganización y las maniobras irregulares dentro del organismo. La justicia investiga denuncias de corrupción, mientras se cuestiona la administración de fondos públicos.
En diálogo con N9, Clelia Ávila, quien ejerció como interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) el año pasado antes de su cierre, brindó detalles alarmantes sobre las irregularidades que detectó durante su gestión. La justicia tomó acción y, en el día de ayer, detuvo al ex presidente del organismo, quien enfrenta cargos por presuntas maniobras delictivas.
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Ávila explicó que, aunque el equipo de intervención trabajó por un período relativamente breve, se descubrieron numerosos casos de desorden administrativo y financiero. «Solo logramos relevar un 20% de las irregularidades», señaló, añadiendo que algunas situaciones denunciadas por particulares fueron las que llevaron a la investigación judicial. «Nos encontramos con expedientes sin respaldo físico, terrenos entregados sin la correspondiente documentación catastral, e incluso denuncias de ventas ilegales de terrenos y favores sexuales a cambio de parcelas», detalló.
El IAFEP, creado en 2021 bajo la premisa de apoyar la agricultura familiar y la economía popular, terminó gestionando proyectos ajenos a su objetivo original, como la construcción de viviendas. «Es la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿Por qué un instituto agropecuario estaba encargado de construir viviendas cuando ya existe un instituto provincial de vivienda?», reflexionó Ávila.
Además, destacó la falta de control y la incapacidad técnica de las organizaciones sociales a las que se les adjudicaban fondos. Según sus palabras, se habrían entregado alrededor de 15 mil millones de pesos a estas entidades en el 2023, un presupuesto que actualmente representaría unos 50 mil millones de pesos. «Ese dinero, bien utilizado, podría haber resuelto problemas urgentes, como la crisis energética que afecta a la provincia», sostuvo.
La ex interventora no ocultó su decepción ante la magnitud del descontrol que encontró en la administración del IAFEP. «Es triste lo que nos pasa a los chaqueños», confesó, lamentando que las buenas intenciones de generar trabajo para las organizaciones sociales hayan derivado en un «tremendo desastre administrativo, legal y contable».
Finalmente, Ávila destacó que confía en que la justicia continúe con las investigaciones necesarias y lleve a cabo todas las acciones pertinentes. «Hoy la gente puede confiar en la justicia; este es un día en el que se empieza a ver que nuestro trabajo no fue en vano», concluyó.
