El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.

Es en la causa impulsada por concejales de la oposición que piden a la justicia que se declare inconstitucional y nula la aprobación de esa ordenanza con apenas seis votos cuando se requerían los dos tercios en el Concejo Municipal. En este caso, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa no ha actuado con la misma celeridad con la que lo hizo a favor del Municipio cuando pidió la declaración de lesividad de los pases a planta.

En el marco del escándalo destapado por la presunta exigencia de “retornos” a contratados del InSSSeP para aportar a la caja política de la UCR, LITIGIO accedió a una serie de audios que forman parte del expediente judicial. En los mismos, se los escucha a quienes serían Raúl Cantero, comisario retirado y actual vocal en representación de los jubilados en el Directorio de la obra social estatal y a su hijo, Edgar, naturalizar el cobro de “peajes” como parte de las reglas del juego de la política partidaria, además de reconocer la existencia de más casos similares al denunciado.

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El comisario retirado, Raúl Cantero, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero en la vocalía que representa a los jubilados en el directorio del InSSSeP, fue denunciado por su propio sobrino. Ante la Justicia, el joven lo acusó de obligarlo a entregar más de la mitad de su sueldo a cambio de mantener su contrato de gabinete. El denunciado habría justificado este “aporte” al señalar que era para repartirlo entre los militantes del radicalismo de Fontana. Tras rogarle por su sueldo completo, fue dado de baja y en su lugar Cantero contrató a su propio hijo. El descargo del acusado.

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Este viernes habrá una medida de fuerza en los lugares de trabajo, entre las 10 y las 12. También hay malestar por pases a planta «a dedo».

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La exintendenta de Resistencia fue condenada hoy a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pero absuelta por lavado de activos. En tanto, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado a tres años y seis meses de prisión. En tanto, los empresarios fueron condenados a penas superiores a cinco años y medio de cárcel como partícipes necesarios de fraude a la administración y lavado de activos.