El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas. Según la organización, todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. A principios de mes, el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs, fue denunciado penalmente por tramitar la mayoría de los desmontes en los últimos diez años.

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El Tribunal Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a una pena de prisión en suspenso por defraudación a la administración pública en la causa conocida como “PIMP” o “Lavado II”. En el caso, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado de dinero y las penas más duras recayeron en los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Pedro Martínez y Eulalio Bouza.

La presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante la Fiscalía Federal de Resistencia señalan que el ingeniero Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, tramitó el 40% de los desmontes en los últimos 10 años. Advierten sobre una “puerta giratoria” para habilitar negocios forestales en detrimento del ambiente por la que también apuntan a diputados provinciales y exfuncionarios. Solicitan una cautelar que suspenda la aplicación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobado por la Legislatura chaqueña en la madrugada del 30 de abril.

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El Juzgado Laboral Nº 1 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Ministerio de Producción del Chaco que mantenga en sus puestos laborales a 32 trabajadores y trabajadoras jornalizados del programa “Hábitat” y que participaron del concurso de pase a planta suspendido por el Superior Tribunal de Justicia. El gobierno de Zdero ya apeló la resolución judicial.

Es en la causa impulsada por concejales de la oposición que piden a la justicia que se declare inconstitucional y nula la aprobación de esa ordenanza con apenas seis votos cuando se requerían los dos tercios en el Concejo Municipal. En este caso, la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa no ha actuado con la misma celeridad con la que lo hizo a favor del Municipio cuando pidió la declaración de lesividad de los pases a planta.

En el marco del escándalo destapado por la presunta exigencia de “retornos” a contratados del InSSSeP para aportar a la caja política de la UCR, LITIGIO accedió a una serie de audios que forman parte del expediente judicial. En los mismos, se los escucha a quienes serían Raúl Cantero, comisario retirado y actual vocal en representación de los jubilados en el Directorio de la obra social estatal y a su hijo, Edgar, naturalizar el cobro de “peajes” como parte de las reglas del juego de la política partidaria, además de reconocer la existencia de más casos similares al denunciado.

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