Así lo denunció ante la Justicia Federal de Resistencia la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En el marco de la presentación contra lo que denominaron “la mafia del desmonte”, apuntaron contra el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor del ministerio de Producción, Luciano Olivares, a quien lo acusan de otorgar premisos de desmontes en zonas que no correspondían, de direccionar fondos cuyo destino se desconoce y de ser uno de los cerebros detrás de la última actualización del mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), al que señalan como regresivo e inconstitucional.

El relevamiento de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas. Según la organización, todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. A principios de mes, el actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs, fue denunciado penalmente por tramitar la mayoría de los desmontes en los últimos diez años.

Se trata de una condena de multa y decomiso de un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de un grupo de la SIDE comandado por Aníbal Gordón, que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. El decomiso de los terrenos operará como reparación comunitaria por los delitos de lesa humanidad.

Se determinó un plazo de no más de 48 horas para que el legislador preste testimonio por la desaparición del niño.

El ex Ministro del ex gobernador Jorge Milton Capitanich, critico fuertemente al Arq. Leandro...

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) denunció en la justicia federal de Chaco...

Buenaventura Duarte dejó su cargo tras las críticas a la actuación policial y luego de que saliera a la luz el vínculo con el abogado que llevó a la tía de Loan a instalar la hipótesis del accidente. El rol de Perucho Cassani, jefe político de Duarte

El gobierno alquiló un charter para que el presidente vaya a Idaho. Adorni no quiso revelar el costo, aunque podría llegar hasta los 290 mil dólares.

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Los empleados municipales de Resistencia se encuentran enfrentando una difícil situación a diario: el...

El Tribunal Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, a una pena de prisión en suspenso por defraudación a la administración pública en la causa conocida como “PIMP” o “Lavado II”. En el caso, Jacinto Sampayo fue condenado por lavado de dinero y las penas más duras recayeron en los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Pedro Martínez y Eulalio Bouza.

Pertenecían a Muñoz y Manzanares, acusados de ser testaferros de la familia Kirchner. Se debieron subastar en la gestión de Alberto Fernández pero nunca se pidieron los informes de dominio. La gestión de Milei las quiere vender.