Marina Calabró en Lape Club Social realizó un cálculo aproximado del valor monetario que le implicó al Gobierno de la Ciudad la intervención de múltiples organismos en el caso
Una disputa familiar de alto perfil entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en un hecho de interés público tanto por el revuelo mediático, como también por el gasto concreto que generó al Estado. El operativo judicial desplegado el viernes en el edificio Chateau Libertador para cumplir con una orden de revinculación familiar, derivó en un impresionante despliegue de recursos humanos y logísticos.
El cálculo más conservador realizado por Marina Calabró, en Lape Club Social Informativo (América TV) con el asesoramiento de una contadora especializada, estimó un costo directo de AR$3.200.000 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Eso solo fue costo directo para la ciudad de más de 3 mil dólares. Uno a veces lo pone en cosas sencillitas. ¿Cuántos pibes que no tienen para morfar podrían comer varios días? La gente que está en situación de calle y de la que ocupan los refugios de la ciudad”, aseveró la periodista.
El procedimiento se extendió durante más de diez horas, con intervención de múltiples organismos estatales: el Poder Judicial, la Policía de la Ciudad, el SAME y el Ministerio Público Tutelar. Según lo detallado en el informe, el cálculo se hizo sobre la base de los sueldos básicos, sin contar bonificaciones por antigüedad ni otras variables que podrían haber elevado la cifra final. La metodología utilizada incluyó el prorrateo de sueldos, mantenimiento y amortización de vehículos, y combustible, entre otros elementos.
Entre los primeros funcionarios en llegar estuvo Fernanda Mattera, representante del Ministerio Público Tutelar, quien accedió al departamento en busca de las menores. Luego, el juez a cargo del Juzgado Civil N.º 106, Adrián Hagopian, realizó cuatro videollamadas durante la jornada y confeccionó el acta de intimación, lo que implica su dedicación a tiempo completo ese día. También participó Marcelo Jalil, defensor de menores, y al menos dos patrulleros, tres policías uniformados, un comisario, y dos agentes de civil vinculados directamente a la causa.
Además, se sumó un móvil de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, una ambulancia del SAME con personal médico y paramédico, y la jefa del área de Violencia Familiar de la Policía de la Ciudad, quien finalmente convenció a la conductora de acatar la orden judicial.
Los AR$3.200.000 pesos estimados contemplan:
- Sueldos prorrateados de los funcionarios públicos.
- Combustible utilizado en todos los vehículos oficiales.
- Amortización y mantenimiento de patrulleros y ambulancias.
- Horas hombre del personal operativo involucrado.
Este monto no incluye costos indirectos, como los gastos administrativos asociados a la emisión y redacción de documentos judiciales. Tampoco contempla el costo de oportunidad: cada funcionario involucrado dejó de prestar servicio en su función habitual, lo que pudo haber afectado a otros ciudadanos. Por ejemplo, se mencionó un robo ocurrido en Martínez que no fue prevenido porque un patrullero estaba asignado al operativo en Núñez.
Más allá del impacto en las arcas públicas, los vecinos del edificio también sufrieron consecuencias. El Chateau Libertador, ubicado en una de las zonas más caras de la ciudad, vivió una jornada de tensión. Varios vecinos se sintieron afectados por la presencia permanente de móviles policiales, camarógrafos apostados en la puerta, y el uso intensivo del ascensor por parte de las autoridades, lo que alteró la rutina de los residentes. Algunos incluso expresaron su preocupación por el desprestigio del inmueble, que podría impactar en el valor de mercado de las propiedades.
Uno de los aspectos más sensibles señalados por la periodista fue el costo incuantificable para las niñas, principales involucradas en este conflicto. Las imágenes difundidas, que incluían gritos y situaciones de tensión, fueron cuestionadas por la periodista desde una perspectiva de protección de derechos del niño, recordando que la Argentina es signataria de pactos internacionales en esa materia.
Durante el análisis también se mencionó que Wanda Nara enfrenta multas impagas, y que el equipo legal de Mauro Icardi estaría preparando una denuncia por desobediencia. Este proceso podría derivar en nuevas actuaciones judiciales y, eventualmente, en nuevos gastos para el Estado. “Esto debió haberse evitado porque alcanzaba con cumplir la manda judicial”, cuestionó la periodista. “Estamos bancando estos quilombos intrafamiliares de millonarios”, se despachó.
El conflicto, que comenzó como una cuestión familiar y legal, tuvo un costo directo para los contribuyentes porteños que va más allá de lo simbólico o lo mediático. Se trata de recursos públicos que, según señaló Calabró, podrían haber sido destinados a refugios para personas en situación de calle o comedores comunitarios. La cifra, sin embargo, representa un piso: el monto real podría ser considerablemente mayor si se consideraran todos los costos indirectos y el impacto social del operativo.
