A poco más de 10 días de la última huelga general, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro nacional para el próximo 30 de abril.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4NR7NHXBVFAJJLEA2TTIOIZC5Y.jpg){kind=small}
La medida fue comunicada por los representantes sindicales luego de un plenario realizado en horas de la tarde en la sede nacional del gremio, donde se votó mayoritariamente a favor de realizar otra protesta contra el plan de ajuste y el programa económico del gobierno de Javier Milei.
Las causas que motivaron este nuevo paro fueron puntualmente los despidos a trabajadores del Estado y la decisión de continuar renovando los contratos de quienes siguen siendo empleados por un plazo de solo 90 días, la cual señalaron como una “re-precarización”.
A través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar, el secretario General de ATE Nacional, dio más detalles acerca de las razones por las cuales se decidió llevar adelante la medida de fuerza y dijo que los sindicatos tienen que ser la verdadera oposición del Gobierno.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FPDJXQDTJFE4XBYRZP5FYJSZOU.jfif 420w)
Así se votó el último paro nacional del cinco de abril“El programa económico que impulsan nos está destruyendo a todos. No solo está dejando en la calle a miles de trabajadores y destrozando los salarios de los estatales y jubilados, sino que se están deteriorando de manera grave las condiciones de vida de todo el pueblo”, escribió el dirigente en su cuenta de X.
Y agregó al respecto: “La decisión de renovar los contratos nuevamente solo por 90 días se traduce en una re-precarización de todos los trabajadores”. Esta determinación fue oficializada en el Boletín Oficial al comienzo de la gestión libertaria. En la publicación se especificó que si se opta por renovar la contratación de los últimos incorporados a cualquier organismo público, se “deberá fundar la decisión demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador y su vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQUKZTVRPBADLLLHTCYX7AF76A.jpg 420w)
La medida de fuerza fue acordada por los delegados gremiales de todo el paísAl final de su comunicado, Aguiar envío un mensaje a los mandatarios provinciales y municipales y les pidió que tomen cartas en el asunto.
“Los gobernadores e intendentes se tienen que despertar. Están jodiendo a todas las provincias y municipios. En este momento en la Argentina enfrentamos una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias. Se caen las ventas y se caen entonces todos los impuestos coparticipables, mientras que un gravamen nacional como es el Impuesto País es el único que mostró un crecimiento de más del 300% interanual”, señaló el referente de ATE.
La última manifestación a nivel nacional de los trabajadores nucleados en el gremio de estatales fue el pasado cinco de abril. No obstante, en los últimos días realizaron varios otros piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Este lunes, por ejemplo, se concentraron en la intersección de 9 de Julio y Belgrano en reclamo de los despidos del sector público.
Además, la semana pasado ATE se había movilizado a la sede central de Anses en rechazo a los despidos y el cierre de 72 delegaciones que funcionaban en distintos puntos del país.
La controversia por los despidos se profundizó en el mes de marzo, cuando se concretó el recorte de personal masivamente en todos los organismos públicos. Según ATE, los cesanteados hasta principios de abril son alrededor de 11 mil. El Gobierno, en tanto, sostiene que el número es aún mayor y habla de una cifra cercana a los 15 mil trabajadores despedidos.
Qué reclama ATE
- Reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y cese de los despidos.
- Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente para todos los trabajadores.
- Aumento salarial que supere la inflación.
- Cese de las políticas de ajuste.
- Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
- Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
- Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
- Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
- Anulación del DNU 70/23.
