Se trata del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico. Conocido por utilizar la pauta publicitaria oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación locales, el funcionario respondió con ambigüedades y de manera incompleta a un pedido de acceso a la información pública realizado por LITIGIO sobre los fondos que el gobierno destina a contratar publicidad en redes sociales. En octubre pasado, dio una respuesta similar a una solicitud presentada por la Asociación de Medios del Chaco. La Ley de Acceso a la Información Pública prevé sanciones para los funcionarios que ocultan datos.
Marcos Resico, responsable de la propaganda oficial del gobierno chaqueño y del uso de la pauta publicitaria para premiar o castigar a los medios locales según su línea editorial, repite un patrón en sus respuestas a los pedidos de acceso a la información pública: contesta de manera incompleta, ambigua y con desdén por el cumplimiento de la ley.
Al ser consultado por LITIGIO sobre los fondos que el gobierno destina a promocionar acciones gubernamentales en redes sociales, el secretario de Asuntos Estratégicos del Chaco dio una respuesta errática, sin relación con lo solicitado, con la evidente intención de ocultar los datos requeridos.
No es la primera vez que lo hace. En septiembre pasado, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco presentó un pedido para que se informara sobre el presupuesto ejecutado en pauta publicitaria oficial y sus beneficiarios, entre otras cuestiones. En esa ocasión, el funcionario también apeló a la opacidad.
Ante la llamativa presencia de publicidades del gobierno del Chaco en redes sociales y plataformas trasnacionales como YouTube, Instagram, Google y Facebook—donde se repiten anuncios sobre las supuestas bondades de la gestión de Zdero—, LITIGIO presentó un pedido de Acceso a la Información Pública el 13 de enero pasado, solicitando datos específicos sobre estas contrataciones.
Se pidió informar el monto total del presupuesto ejecutado en publicidad contratada por el Poder Ejecutivo en estas plataformas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2025. También se solicitó que se detalle la modalidad de contratación (pauta publicitaria o contratación directa), el desglose mensual de los montos invertidos, el rango etario y geográfico al que estuvo dirigida la publicidad, los horarios específicos de distribución y el alcance final de las campañas. Además, se requirió información sobre qué actos de gobierno fueron promocionados y la justificación de dichas campañas.
La respuesta de Resico llegó el 27 de febrero y fue extremadamente escueta. “En virtud de lo requerido, desde esta instancia se informa que el presupuesto en concepto de publicidad en redes sociales, tales como Facebook o Instagram, en servicios de streaming como YouTube o buscadores como Google, se encuentra establecido por las propias compañías, teniéndose en cuenta el nivel de alcance e interacción por cada una de las publicaciones, destinado a un rango etario amplio de 18 a 65 años, seleccionados según la naturaleza de la comunicación y para un espacio geográfico: todo el territorio de Nuestra Provincia”, fue su brevísima respuesta, en tan solo media carilla.
Nada nuevo. En septiembre pasado, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco ya había enfrentado la falta de transparencia del jefe de la propaganda gubernamental al solicitar detalles sobre la pauta publicitaria oficial.
Cabe recordar que la “pauta” no es más que el dinero que el gobierno destina a los medios de comunicación para difundir los actos oficiales y, en un contexto ideal, garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a información plural por parte de la ciudadanía.
“Truchos”
Desde la Asociación se requirió información sobre cuánto dinero se ha gastado en publicidad en lo que va de la gestión de Zdero y a dónde fue destinado. Un mes más tarde, Resico, en su calidad de funcionario responsable, no presentó el detalle de los medios que recibieron pauta publicitaria, no informó el monto total asignado, no explicó por qué más de 200 medios de comunicación fueron excluidos—medios a los que calificó como “truchos”—y además mintió al afirmar que el gobierno no destina fondos a plataformas digitales multinacionales.
En su respuesta, el funcionario intentó simular transparencia. En el documento menciona que “se pone en conocimiento” el porcentaje de incremento de la pauta publicitaria en la actual gestión en comparación con la anterior. Sin embargo, en el lugar donde debería figurar el porcentaje, solo aparecen tres puntos suspensivos, dejando un vacío que parece más una burla que un error involuntario.
Este tipo de actitudes no deberían quedar impunes. De hecho, la Ley 2486-A (Acceso a la Información Pública), cuya autoridad de aplicación es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, establece sanciones.
“En el caso de que la repartición pública no cumpla y/o exhiba las razones sin causa justificada, el deber de otorgar la información en los plazos establecidos, será pasible de la sanción prevista en el Artículo 8° de la Ley 1774-B”, señala el artículo quinto de la norma.
Dicho artículo establece que el funcionario público o agente responsable que, de manera arbitraria, obstruya el acceso a la información requerida o la suministre de forma ambigua o incompleta, será sancionado con una multa equivalente al 30% de su salario y con medidas disciplinarias de la Administración Pública Provincial. Todo esto, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder”.
Por Bruno Martínez LITIGIO
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