El Gobierno prepara un decreto para eliminar los programas sociales, las obras públicas y las capacitaciones que dependen de la subsecretaría de Turismo, que está dentro de la órbita de Daniel Scioli. Según pudo saber TN, el Ejecutivo lo impulsará a través de un decreto simple, que realizará cambios a la Ley Nacional de Turismo (25.997).

La Casa Rosada modificará la norma, que establece que la secretaría tiene la obligación de elaborar un Plan de Turismo Social y promover “la prestación de servicios accesibles a la población privilegiando a los sectores vulnerables, mediante la operación de las unidades turísticas de su dependencia y ejerciendo el control de gestión y calidad de los servicios”.

La Secretaría de Turismo tiene un presupuesto de $65.909 millones y deriva $7.475 millones para el desarrollo del Plan Federal del Turismo Social. Tiene a cargo los complejos turísticos de Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y de las sierras de Embalse (Córdoba), que se ofrecen para estudiantes, familias y eventos.

El programa comprende gastos anuales por personal contratado ($1896 millones), personal permanente ($1672 millones), oficinas y muebles ($126 millones), energía eléctrica, gas, telefonía, agua y cloacas ($378 millones), vigilancia ($43 millones) y otros servicios ($253 millones).

Los programas sociales de Turismo incluyen pensiones completas (desayuno, almuerzo y cena, sin bebidas) y simple (solo alojamiento). Cuenta además con hoteles de categoría A, que contemplan un baño compartido entre dos habitaciones, y B, que tienen baños compartidos.

Mientras que la estructura de Embalse abarca siete hoteles y 50 casas con capacidad para 3000 plazas, la unidad de Chapadmalal cuenta con nueve hoteles y edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales y pabellones para el personal.

El Gobierno eliminará además el plan de inversión de obras para fines turísticos y transferirá el rol de fomento y de investigación a las provincias. “La idea es que las jurisdicciones fomenten sus propio turismo. No tiene porqué hacerlo el Gobierno”, expresan en Nación.

Se trata de los artículos 7 y 8 de la Ley de Turismo, que dispone que el área debe “disponer la realización de emprendimientos de interés turístico, prestando apoyo económico para la ejecución de obras de carácter público, equipamiento e infraestructura turística”.

El Ejecutivo planea disolver el Observatorio de Turismo Social, que fue impulsado en el marco de la creación del Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social a través de la resolución 642/2021. Derogarán también las facultades de Turismo para instalar oficinas en el exterior. “Eso lo tiene que hacer Cancillería”, agregan.

La Casa Rosada recortará también las capacitaciones para privados que promueven las dependencias de Turismo. “El Estado no tiene porqué abarcar ese tipo de actividades. El decreto va a eliminar funciones que no deberían hacerse desde la gestión pública”, manifiestan en Balcarce 50.

Se trata del campus virtual que ofrece 50 propuestas de formación para las “competencias profesionales y laborales vinculadas al Turismo, en formato de cursos autogestionados y cápsulas de aprendizaje, gratuitas y con certificado de aprobación”.

Otro de los cambios que prepara el oficialismo es la derogación del diseño y de la concesión de créditos de Turismo. Abarca los artículos 8, 33 y 35 de la ley, que fija que la subsecretaría debe “gestionar y conceder créditos para la construcción, ampliación o refacción de infraestructura turística”.