Una evaluación de las acciones que se vienen implementando a nivel mundial destaca la necesidad de una mayor transparencia. Hasta ahora la Conferencia Episcopal Argentina no suministró la lista de sacerdotes denunciados y su situación eclesiástica.
La catarata de casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en el mundo que comenzó a salir a la luz en 2002 a partir de la célebre investigación del diario estadounidense Boston Globe en la arquidiócesis de Boston, se convirtió en el peor escándalo en muchas décadas de la Iglesia católica, más allá del daño irreparable a incontables personas, la mayoría menores de edad.
La pesquisa, dirigida por el prestigioso periodista Martin Baron -quien días pasados visitó la Argentina- y que terminó siendo plasmada en 2015 en una película -“Spotlight”- que ganó un Oscar, reveló, además, el repudiable mecanismo de las autoridades eclesiásticas de entonces de encubrir los delitos, trasladando a los depredadores a parroquias lejanas con el fin de “evitar el escándalo”.
En aquel tiempo, el Papa Juan Pablo II, ya muy enfermo, comenzó a tomar medidas para combatir el flagelo, pero fue su sucesor, Benedicto XVI, quien “tomó el toro por las astas”, al profundizar y multiplicar las disposiciones. Además, ordenó la reclusión del sacerdote mexicano Marcial Maciel, un famoso depredador que contaba con protección de un sector del Vaticano.
Tras su muerte en 2013, en las asambleas de los cardenales de todo el mundo para analizar la situación de la Iglesia y el perfil que debería tener el futuro pontífice, el combate al flagelo de los abusos sexuales fue establecido como uno de los grandes desafíos junto con la transparencia de las finanzas vaticanas y, por supuesto, una revitalización de la tarea religiosa.
Por eso, con su llegada al papado, Jorge Bergoglio fue sumando medidas no sólo para afrontar de un modo más enérgico las denuncias y actuar con mayor diligencia y firmeza en las eventuales condenas, sino también en la prevención del flagelo. A la vez de crear una mayor conciencia en una institución acostumbrada al secreto y con actitudes corporativas.
Así se cuentan desde la rigurosa selección de los candidatos al sacerdocio, pasando por la simplificación de los juicios eclesiásticos para expulsar del ministerio sacerdotal -la pena canónica máxima- a los hallados culpables, hasta la separación del obispo que no cumple estrictamente con los protocolos ante denuncias en su jurisdicción.
También figuran la inmediata denuncia y colaboración con la Justicia, el acompañamiento a las víctimas, la creación de una Comisión para la Tutela de los Menores y un encuentro de presidentes de los episcopados de todo el mundo para promover una mayor conciencia que comenzaba cada día con el testimonio de una víctima.
En los últimos años se cuenta un vademécum sobre cómo actuar a partir de una denuncia que precisa y amplía las guías anteriores y el establecimiento de que las denuncias anónimas no deben ser desestimadas y, por consiguiente, que el anonimato del denunciante no debe llevar automáticamente a suponer que la noticia es falsa.
Pero la decisión de Francisco más valorada hacia el interior de la Iglesia fue la supresión del secreto pontificio en los casos de abusos, lo que implica el acceso de la justicia de cada país a los juicios canónicos contra miembros del clero, sea a nivel diocesano -es decir, donde se produjeron los casos-, sea a nivel del Vaticano.
Hace dos años dispuso que la Comisión para la Tutela de los Menores presente periódicamente un informe sobre los resultados de las medidas que se van tomando, cuya primera evaluación se conoció la semana pasada que concluye que “aún queda mucho por hacer” para que esté instalada la cultura de la prevención.
Entre los déficit, se menciona la necesidad de agilizar la expulsión de los sacerdotes culpables de abuso, que las víctimas accedan fluidamente a los procesos contra sus victimarios, que haya una reparación económica y se cree un ombudsman para que los defienda y, en fin, más rendición de cuentas y transparencia.
Al presentar el informe, el número dos de la comisión, el obispo auxiliar de Bogotá, Luis Alí Herrera, admitió que desde sus comienzos la comisión afrontó resistencias dentro del Vaticano como de las iglesias de cada país, pero que en todos los niveles fue percibiendo cambios significativos en la buena dirección.
No obstante, la evaluación revela que el cambio cultural -expresado no sólo en resistencia, sino simplemente en falta de interés- va más lento que las medidas como en el caso de México, donde sólo el 20% de los obispos que participaron de la visita quinquenal al Vaticano respondieron un cuestionario de la comisión.
En la Iglesia argentina, la Conferencia Episcopal -que agrupa a todos los obispos- produjo en 2015 unas “Líneas-guía de actuación ante denuncias de delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad o personas vulnerables” , en línea con las disposiciones del Vaticano y el marco jurídico del país.
Además, siguiendo las directivas de la santa Sede, creó en 2017 el Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables que se dedica fundamentalmente a asistir a las instancias eclesiásticas de todo el país ante casos de abusos y en la prevención y la protección y acompañamiento a las víctimas.
Aunque se presume que los abusos clericales no fueron en la Argentina tan numerosos como en otros países -más allá de que uno sólo ya es tremendo-, la Conferencia Episcopal no suministró hasta ahora un relevamiento sobre los casos y el estado de las causas civiles y eclesiásticas como ocurrió en otros episcopados.
Estimaciones periodísticas de hace cincos años arrojaban 63 denuncias, 17 con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados. Además, consignaban que la Iglesia había expulsado del ejercicio del sacerdocio a una docena, pero no sobre cuántos eran los juicios eclesiásticos en curso.
En cuanto al caso del padre Julio Grassi, que está preso purgando una pena de 20 años, el juicio eclesiástico no muestra avances porque en la Iglesia dicen que no encuentran suficientes indicios -más allá de que en la justicia de la sociedad civil tiene sentencia-, pero tiene prohibido ejercer el sacerdocio públicamente.
En definitiva, sigue faltando por parte de la Iglesia en la Argentina una información oficial sobre la cantidad de denuncias y la situación de los denunciados, en línea como acaba de pedir en su informe la Comisión para la Tutela de Menores creada por Francisco sobre rendición de cuentas y transparencia.
Por tratarse del país de donde surgió el actual pontífice, la Conferencia Episcopal Argentina -venciendo las reticencias de algunos obispos, no de todos- debería estar a la cabeza de los lineamientos que bajan de Roma bajo la inspiración de Jorge Bergoglio. Pero sobre todo porque la gravedad del flagelo lo pide.
