En un nuevo revés parlamentario para el Gobierno, el Senado sancionó el aumento a los jubilados. Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que vetará la ley. “Tiene como objetivo destruir el programa económico del Gobierno”, cuestionó el jefe de Estado. Además, calificó como “degenerados fiscales” a los legisladores.
El veto total o parcial de un Presidente de la Nación ante la sanción de una ley está dentro de sus facultades constitucionales. También el Congreso puede insistir y rechazar ese veto, si lo considera necesario.
Ante la negativa de la Casa Rosada a la ley de Movilidad Previsional, aprobada por amplia mayoría en el Senado, comenzaron algunos posicionamientos en el ámbito parlamentario. Los bloques opositores saben que necesitan lograr los dos tercios en cada cámara para sostener la voluntad legislativa. Si no lo consiguen, quedará firme el veto de Javier Milei.
La lectura de los libertarios es que les será muy difícil a los diferentes sectores de la oposición mantener los números conseguidos en las Cámaras del Congreso para evitar el veto presidencial. Esperan contar con el apoyo de los bloques del PRO, un sector del radicalismo, fuerzas provinciales con vínculos con los gobernadores y algunos referentes de Unión por la Patria, vinculados al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para frenar cualquier intento de insistencia en el proyecto que complica el déficit cero.
En ese operativo tendrá que trabajar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el próximo 4 de septiembre dará su informe de gestión ante la cámara de Diputados. También calificaron como “importante” el respaldo al veto por parte del jefe del PRO, Mauricio Macri.
En la Constitución Nacional, en el capítulo de la formación y sanción de las leyes, artículo 81, hay dos tipos de insistencias: aquella en la que la Cámara de origen puede hacer prevalecer su voluntad sobre la cámara revisora, y también la insistencia de la voluntad del Poder Legislativo sobre el veto del Poder Ejecutivo.
En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptarlo o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
El pasado 5 de junio, Diputados aprobó la ley de movilidad jubilatoria con 162 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. Lo consiguió por medio de un fuerte respaldo de Unión por la Patria, el radicalismo, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y algunos provinciales. El rechazo se consolidó con La Libertad Avanza, el PRO, el MID, Buenos Aires Libre de Carolina Píparo y el voto negativo de Ricardo López Murphy. El Frente de Izquierda se abstuvo.
Además, hubo 16 ausentes, entre los que estuvieron los del PRO: María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Héctor Stefani y Héctor Baldassi. Tampoco se sentaron la oficialista Rocío Bonacci, los tres diputados del bloque Independencia que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y los de Unión por la Patria, Magalí Mastaler de Santa Fe y Ricardo Daives de Santiago del Estero.
Hace pocas horas, el Senado le dio la sanción definitiva con 61 votos a favor y solamente ocho en contra. Un abanico opositor que aglutinó, prácticamente, a todas las fuerzas de la Cámara Alta, con la sola excepción de los libertarios.
El PRO, aliado natural del oficialismo
“Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, dijo el exmandatario Mauricio Macri. El PRO en el Parlamento nacional tuvo diferentes posturas, con un fuerte acompañamiento a la normativa en la reciente sanción del Senado y el rechazo de la bancada amarilla en Diputados. Con Cristian Ritondo fuera del país (participa junto a otros legisladores en un encuentro en Silicon Valley), el bloque esperará su arribo para mantener la semana próxima, alguna reunión de análisis.
La diputada del PRO Karina Bachey aclaró que “el veto está condicionado por la cantidad de legisladores que han aprobado en cada una de las cámaras para poder insistir con la ley. Yo voté en contra, porque los jubilados, la educación, la salud, la seguridad, necesitan dignidad en sus haberes, pero primero tenemos que tener la casa en orden, las cuentas en orden, trabajar por el déficit cero y, en función de un país ordenado, vamos a poder llevar esa dignidad que los argentinos nos merecemos. Si no, vamos a seguir de parche en parche, esto significa un aumento considerable en las cuentas del Estado y no sabemos cómo se va a financiar”.
Mientras, su compañero de bloque, Héctor Stefani, entendió que “para el Congreso es un llamado de atención; los diputados y senadores hace tiempo deberíamos estar trabajando en un proyecto para reformar el sistema previsional argentino. Ahí está la solución para no discutir a futuro ninguna fórmula jubilatoria. Tenemos un sistema arcaico que se tiene que modernizar y que debe mantener en permanente debate al Congreso y establecer una nueva ley de reforma jubilatoria. Hay que cambiarlo estructuralmente, no puede tener la cantidad de regímenes especiales que tiene, y lograríamos una solución por parte del Congreso”.
Movilidad jubilatoria: las posturas de los otros bloques
Desde Encuentro Federal, el bloque que encabeza Miguel Pichetto, el diputado Oscar Agost Carreño señaló a TN que “el Presidente tiene derecho a vetar, como el Congreso tiene derecho a insistir con la reforma jubilatoria. Milei ajustó a los jubilados en un 1.4% del PBI, esta ley tiene un impacto del 0.4% del PBI, por lo que es un alivio razonable para no caer en la indigencia”.
Además, la bancada, que nuclea a los diputados que responden a los gobernadores como Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut, Martín Llaryora de Córdoba, a los socialistas de Santa Fe y a Margarita Stolbizer del partido GEN, emitió un comunicado: “Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático. Pero creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”.
Cerraron el comunicado diciendo que “desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quién comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso. La verdadera fortaleza del Estado reside en el equilibrio y la cooperación entre los poderes en beneficio de todos los ciudadanos”.
En cuanto al radicalismo y la Coalición Cívica, ambas bancadas votaron a favor de la movilidad jubilatoria. En las últimas horas, el secretario parlamentario del radicalismo, el exdiputado Alejandro Cacace, posteó en la red X: “El presidente Milei debería tener en cuenta que, si algo es aprobado por todos los partidos políticos, representa el apoyo de toda la sociedad, más allá de las ideologías. Este mensaje es claro: no se debe profundizar el ajuste. Además, con dos tercios de votos en cada Cámara, se puede insistir sobre el veto. Si busca que el Congreso le apruebe otras leyes, vetar un proyecto apoyado por todos, solo generará mala voluntad y tensiones políticas”.
Por su parte, el lilito Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC, manifestó: “Existiendo otras alternativas constitucionales, es un error jurídico y fiscal el veto total de la ley jubilatoria. Es una lástima que los economistas libertarios decidan solos, encerrados y en caliente”.
El senador Bartolomé Abdala (LLA) recordó en la última sesión del Senado que en la ley Bases original se planteó el tema jubilatorio: “Siempre fuimos conscientes de que la democracia está en deuda con los jubilados desde hace tiempo, pero recibimos un país en llamas al que hay que darle estabilidad y más ingreso para el sector previsional, y tenemos la misma sensibilidad para que los trabajadores y jubilados vivamos mejor”.
A los pocos días de asumir la presidencia, Javier Milei envió a Diputados el primer proyecto de Ley Bases. El Gobierno planteó en uno de sus capítulos el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, asegurando que “brindaría aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
