La magistrada, suspendida de su cargo, está imputada por cohecho, abuso de autoridad y malversación de fondos. Los fiscales sostienen que participó de un proyecto audiovisual vinculado al juicio por la muerte del exfutbolista.
El caso judicial que involucra a la suspendida jueza Julieta Makintach sumó un nuevo capítulo: la Justicia secuestró la computadora que utilizaba en su despacho de los Tribunales de San Isidro. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
La orden fue emitida por el juez de Garantías Esteban Rossignoli, a pedido de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Amallo, quienes conducen la causa. Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo incluyó el secuestro de dos discos rígidos que serán analizados por la Delegación de Tecnología Informática del Departamento Judicial de San Isidro.
Qué busca la Justicia en el material secuestrado
En la resolución judicial, a la que accedió LN, el magistrado señaló que los dispositivos podrían contener información relevante para la investigación. Aunque aclaró que solo se incorporará aquella que guarde “estricta relación con el evento materia de la pesquisa”. Para proteger la intimidad y derechos constitucionales de las personas involucradas.
La solicitud se acompañó también por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. Quienes actúan como representantes de Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, y por el letrado Rodolfo Baqué. Los tres consideraron que el material podría aportar pruebas clave sobre el rol de Makintach en el documental Justicia Divina. Un proyecto audiovisual que abordaba el juicio por la muerte de Diego Maradona y en el que la jueza habría tenido participación directa.
Las acusaciones contra Makintach
Según la acusación presentada por los fiscales, la magistrada “aceptó una propuesta comercial”. Y así participar del documental a cambio de beneficios económicos futuros. Lo facilitó el acceso a los Tribunales y a las salas de audiencia para filmaciones. Incluso violando una orden judicial del propio tribunal que integraba.
En el escrito de 42 páginas presentado ante el fiscal general de San Isidro, John Broyad. Los fiscales solicitaron que el dictamen se eleve al procurador general bonaerense Julio Conte Grand. Y que el caso avance hacia el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
“Makintach, junto a su amiga María Lía Vidal Alemán, procuraron que el guionista Juan Manuel D’Emilio se encargara de la producción del proyecto, estimado en un presupuesto mínimo de 800 mil dólares. A cambio, la jueza se comprometió a realizar actos propios de su función. Y a asumir un rol protagónico que garantizara la difusión pública de la sentencia”, sostuvieron los fiscales Chaieb, Asprella y Amallo.
