Daniel Erbetta es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe pero antes se hamacó en terrenos muy diversos. Es profesor titular de Derecho Penal en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, gestionó durante 10 años como decano su Facultad, fue secretario general del Rectorado de la UNR. Proviene de la UCR pero estuvo cerca de referentes del peronismo santafesino. El ex gobernador Jorge Obeid lo postuló como ministro del máximo tribunal santafesino al que terminó ingresando en 2008 en tiempos del socialista Hermes Binner.
Referencia muy conocida en los círculos de penalistas argentinos, habitual conferencista en el exterior de cuestiones penales y de criminología, a los 70 años es un tipo que suele recortarse del perfil más convencional de juez. Es raro que pierda la elegancia al hacerlo, así como cierta vehemencia, pero le interesa polemizar. Ocurrió por ejemplo cuando hace dos años dijo que el proceso de la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner, había sido un muestrario de mala praxis judicial. O en esta conversación con LPO en la que señala que le parece un despropósito promover al mismo tiempo una ley antimafia y una ley de blanqueo. O que Comodoro Py es un muestrario cotidiano del ejercicio de la política en la judicatura mediante recursos propios de la Inquisición. «En lugares así la Edad Media es hoy», dice.
«Los jueces no tienen que hablar solo por sus sentencias. Podemos opinar de asuntos de interés público siempre y cuando no sea de los casos en los que actuamos. No es un problema subjetivo», propone Erbetta. «Hay un sector de la Justicia Federal donde les toca intervenir siempre a los mismos actores en las causas políticas más relevantes y que actúan políticamente. Un problema que se habría neutralizado bastante si el sistema federal se hubiera ajustado a lo que pide la Constitución: un modelo oral y público en todas las instancias».
-¿Le tocó pagar costos cuando Cristina Kirchner difundió por redes sociales argumentos suyos en contra de la causa Vialidad en la que ella fue condenada?
-No sé, tal vez, no es importante. Mi crítica iba enfocada a las tremendas faltas al debido proceso. Si queremos vivir en una democracia sólida tenemos que respetar reglas del juego sea quien sea el que está de un lado o del otro. Hoy todo está personalizado y tanto en los medios como en la política rige la dialéctica amigo/enemigo sobre cada cosa.
En ese momento mi crítica me convirtió en K. Eso hace que todo el fundamento a por qué no hubo un proceso justo quede descalificado. Un absurdo. En ese juicio se rompió la oralidad con audiencias discontinuadas por zoom, se incorporó prueba de manera indebida, se le negaba a la imputada su derecho a declarar y había un tribunal con sobrados motivos por sus relaciones políticas probadas para que existiera temor de parcialidad.
Después vemos que una lógica parecida se dio cuando la ex vicepresidenta es víctima de un intento de homicidio, donde han desmembrado la causa y no se ha investigado la relación presunta de imputados con sectores de la política a pesar de que habría prueba. No hay ninguna consecuencia. Pasó lo mismo con la causa del falso abogado D’Alessio por el llamado espionaje ilegal. A los funcionarios judiciales que defienden estas actuaciones procesales los invitamos respetuosamente en su momento a debatir a la Universidad Nacional de Rosario porque es importante ver cómo lo hacen en público.
-Una de las primeras acciones que tuvo el gobierno nacional en relación a la Justicia Federal en Rosario fue liquidar el viejo modelo penal de juicio escrito. Pero en Comodoro Py lo mantiene. ¿Por qué?
-No hay objetivamente duda de que si no se implementa es porque hay una resistencia notoria. Durante el gobierno de Macri se modificó el régimen de implementación de la reforma que se había sancionado en el 2014 para que no llegue nunca a determinados lugares. Ya van 17 años de fallos de la Corte que declaran la inconstitucionalidad del sistema mixto que rige en toda la jurisdicción del país menos en tres distritos. Solo se avanzó con Salta y Jujuy y acaba de pasar en Rosario por la singularidad de su violencia. ¿Por qué no llega? Comodoro Py se va a resistir. Nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Nadie quiere dejar prácticas burocráticas de siglos que moldearon la cultura judicial argentina.
Lo que se está discutiendo con estos cambios es una forma de ejercer el poder hacia adentro y afuera de la propia estructura. Un sistema procesal donde un juez no es visible, puede resolver dentro de cuatro paredes, con eje en un montón de actas escritas y con un mal llamado juicio oral porque lo que hay es juicio leído. Esto no es nada democrático. Enfrente hay un modelo de estructura más horizontal, con jueces que solo se dedican a juzgar y no a trabajar de gerentes de pymes en sus despachos. Manejar la trazabilidad y tiempos de un caso, ser dueño de un asunto con rutinas medievales sin ninguna transparencia solo lo puedo hacer en un sistema como el que rige en Comodoro Py.
–¿Con qué consecuencias en los hechos?
-Fíjese la paradoja y lo gratuito de algunas cosas. El caso Nisman está por cumplir diez años de investigación abierta. ¡Diez años! La causa Cuadernos lleva seis años en igual sentido. Casos que están netamente sospechados de estar atravesados por cuestiones político partidarias empiezan y no terminan nunca. Después cuando en la Facultad enseñamos sobre el plazo razonable, las garantías de la Constitución, ¿qué estamos haciendo? Con el caso Nisman transcurrieron un año del gobierno de Cristina Kirchner, cuatro años de Macri, cuatro de Alberto Fernández y lo que llevamos con Milei. Y estamos como en 2015 con la investigación preliminar. Esto no podría ocurrir en la Justicia Penal de Santa Fe o en la mayoría de las provincias porque el modelo procesal no lo permite. Pero pasa en Comodoro Py.
Tener abierta una causa abierta durante seis años o diez años implica solamente dos alternativas: o total ineficiencia del juez o intención de usar la causa en momentos estratégicos en tiempos electorales. En cualquiera de los dos casos ese juez debería ser responsable y sometido a un tribunal de enjuiciamiento. El juez o el fiscal al que a veces le delegan el caso. En Comodoro Py es gratis.
Si se analiza un expediente de 1825 y uno escrito en PDF o digital de 2022 en el fuero federal no se encontrarán grandes diferencias. Es una matriz que se corresponde con la Edad Media y que heredamos de la época colonial. Eso le puede llevar alguna comodidad al litigante pero no al ciudadano que no ve cómo se hace Justicia. Para que un caso sea público como pide la Constitución tiene que haber audiencias orales y suprimir el expediente.
-Un emblema de prácticas opacas de la Justicia Federal es cómo se resolvió el caso de Lago Escondido, el viaje que hicieron diversos magistrados a la estancia del magnate Joe Lewis. La Justicia Federal porteña disputó y obtuvo el trámite que estaba en Bariloche, anuló la causa y sobreseyó a todos. ¿Por qué funcionarios de la Justicia Federal hacen eso? ¿Perciben que es sin costo?
-Tiene que ver con esas matrices históricas. Hasta no hace muchos años, algunos sectores del Poder Judicial estuvieron comprometidos con violaciones de los derechos humanos. Hay además un ADN que un poco nos persigue, ¿no?, que es la famosa Acordada del 30, cuando el usurpador Uriburu cierra el Congreso, da el golpe militar, mete preso a Yrigoyen y al abogado de Yrigoyen. Yrigoyen muere en la cárcel y le manda una carta al presidente de la Corte, con mayoría de ministros nombrados por Alvear, y les dice que si ellos validan el gobierno de facto la Corte se mantendría. Y burdamente, por una acordada, sin caso, inventó una doctrina del facto que no existía. ¿A cambio de qué? De que no se los tocara, de que siguieran todos igual, a cambio de preservar sus derechos y también sus privilegios. Este es el ADN que hay que sacarse de encima.
Más recientemente lo denuncia el Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019: el problema de sectores colonizados del Poder Judicial, que en alianza con sectores del poder real y de medios de comunicación han dado lugar a una suerte de politización de la justicia y judicialización de la política.
Con Lago Escondido se visualizan dos problemas. Una agencia judicial, un modelo de organización, una estructura que no rinde cuentas, que no da explicaciones. El Estado de inocencia y el debido proceso son sagrados. Pero acá el problema son el fiscal y el juez. El juez invalida evidencia que no podía ser usada para fundar una decisión de mérito incriminante pero a la vez sepulta el caso.
Me parece bien que no se use una evidencia ilegal, que son las escuchas que descubren el caso. Pero eso no implica no generar una investigación paralela para procurar evidencia legal. Esto es lo que no hace Comodoro Py en un caso donde hay magistrados y fiscales relacionados con sectores de poder económico y político señalados de recibir dádivas. Sin dudas de que estos problemas afectan la legitimidad del Poder Judicial, pero bueno, a veces son funcionales al poder y por eso se naturalizan.
¿Cómo se resuelve esto? Reforma estructural, no más jueces escondidos en sus despachos, sistema de audiencias públicas y orales con el juez presente de cuerpo entero, control de gestión, rendición de cuentas, control de la trazabilidad de los procesos en todos los ámbitos, especialmente en el penal, en los casos que no lo hay, y en los casos en que lo hay, un monitoreo permanente.
Se aplican distintas varas para la misma situación. El fallo que saca al empresario Calcaterra de la causa Cuadernos no habría sido posible en un sistema de audiencias públicas y orales. Toda la causa Cuadernos es un laberinto jurídico resuelto entre cuatro paredes en forma nada visible. No hay credibilidad porque para las mismas situaciones se aplican distintas varas.
-Usted vive en Rosario donde la violencia criminal produce ganancias que tiene correlato en operaciones económicas. ¿Cómo analiza el blanqueo de capitales del paquete fiscal que ya está reglamentado?
-Déjeme ir un poco para atrás. Con la refundación democrática Alfonsín, que tenía un excelente grupo de asesores, había visualizado varias cuestiones estratégicas. Una era el traslado de la capital a Viedma, el de la Corte Suprema de Justicia a Rosario y el del Poder Judicial a Córdoba. La otra, no menos importante, era la necesidad de la democratización de la Justicia Federal.
La tercera provenía de visualizar que la criminalidad, o por lo menos la que tiene algún tipo de estructura organizada, con funcionamiento similar al de una empresa, tenía como motivación la rentabilidad económica y apuntaba a explotar mercados ilegales. Había que replantearse toda la política de seguridad para abordar esta nueva problemática. En esto hay una confusión conceptual sideral e interminable, porque cuando el mercado está detrás del delito no se lo frena con una ley penal. Cuando están en juego las reglas del mercado, la apelación a la ley penal es meramente simbólica. La ley penal tiene una gran capacidad para canalizar pulsiones de venganza que todos llevamos dentro y, por lo tanto, alta eficacia política y una gran aceptación social, pero ninguna eficacia para reducir la criminalidad.
Esto es muy viejo, viene de la época de la Inquisición, siempre fracasó, pero sigue gozando de prestigio. Obviamente, desde la perspectiva de la mala política, es más fácil hacer política sancionando leyes penales que abordando caminos para reducir los problemas. Por tanto, el fenómeno de las economías y de los mercados ilegales, que generan muchas ganancias, domina el mundo. La ganancia debe confluir en el mercado legal y ahí aparecen los mecanismos de lavado que tienen matices y variedades según las regiones y las escalas.
Los neokeynesianos dicen que el volumen de dinero sucio que hoy funciona anualmente en el mundo supera largamente los productos brutos de Japón y Estados Unidos. Por lo tanto, controlar o parar ese volumen o ese flujo de dinero sucio implicaría casi una recesión mundial de la economía. Los ortodoxos dicen que no. A la par de toda la burocracia creada a nivel internacional de la inversión presupuestaria, de los cargos, el correlato es una capacidad de respuesta absolutamente limitada en materia de control de lavado, y si no, veamos cuál es la capacidad de rendimiento del GAFI. Mientras escuchamos la apelación a la sanción de leyes penales para controlar el lavado, los paraísos fiscales funcionan en el norte y Occidente no tiene ejércitos contra eso, que no parece preocupar mucho. Argentina por caso tiene un récord, es el tercer país con sociedades offshore en paraísos fiscales, así que en eso somos bastante desarrollados.
-¿Pero entonces cómo se proyecta la forma de controlar la ilegalidad en la economía legal?
-Con voluntad de control, con controles en serio y abandonando la ficción de que con instrumentos normativos resolvemos todo. Estamos discutiendo una ley antimafia a nivel nacional, pero por otro lado la Inspección General de Justicia sanciona la resolución 10 del mes de febrero por el cual habilita y desregula completamente el control de las sociedades que se instalan en la Argentina. Estamos con una ley de blanqueo, estamos con un régimen de inversiones en donde se flexibilizan los controles del origen del dinero.
Entonces, ¿esto qué es? Una paradoja increíble. Mientras por un lado estoy discutiendo la respuesta punitiva en la ley antimafia, por otro estoy favoreciendo con un montón de instrumentos normativos ya sancionados la posibilidad de que el lavado del dinero sucio o el blanqueo de ese dinero encuentren canales favorables, porque esos instrumentos son como una tostadora, la puedo usar para hacer buenas tostadas, pero también para quemarle el dedo a una persona. Y es el Estado el que lo ha promovido.
Esto es una consecuencia lógica de un mundo globalizado, de una ideología que lleva al neoliberalismo que tiene como consigna bajar todos los controles, regulación versus desregulación. Desregulo el poder y el poder me pasa por encima. Desregulo el capital y el capital me pasa por encima. Desregulo un mercado ilegal y bueno, pasa lo que pasó en Rosario y que afortunadamente, esto sí hay que decirlo, no sabemos todavía bien por qué razones, pero la violencia letal, que es la que más preocupaba, se ha reducido notablemente a partir de este año 2024.
Sin embargo, aquella violencia que tuvimos en el 2013, que tuvimos en el 2023, tiene que ver con esto, con la desregulación de un mercado ilegal. Por eso el tema de regulación y desregulación es central, es una cuestión netamente ideológica. Yo no puedo estar proclamando y declamando mano dura, ley penal, abajo la imputabilidad, vamos a sancionar más leyes y endurecer las penas del lavado y por otro lado, sobre la base de la ideología que postulo, tirar abajo todos los controles, desregular absolutamente todo, hasta incluso reducir el Estado a límites prácticamente insostenibles.
-¿Cómo ve la cuestión criminal en Rosario y la violencia que predominó en los últimos diez años?
-Rosario tiene un mercado ilegal que creció exponencialmente, que existe en cualquier gran ciudad de la Argentina, fundamentalmente en ciudades portuarias, pero disparado por algunos rasgos propios. En su momento por la autonomización primero de la policía, su fragmentación luego y la ruptura de la verticalidad y la pérdida de control de la calle, función básica de la policía borbónica.
Luego ese problema se agudizó por la asociación de algunos sectores policiales con los grupos criminales que comenzaron a controlar el mercado, lo que terminó generando una disputa territorial, que es lo que explica la violencia letal asociada al mercado minorista de la droga, porque a los muertos en Rosario no los causa el narcotráfico. Esta violencia letal no se visualiza en provincia de Buenos Aires, ni en CABA, ni en Córdoba. Este negocio produce un volumen de dinero importante, que en una ciudad que tiene una economía informal enorme aprovecha los distintos canales por donde además se lava dinero que proviene de actividades productivas legales.
Esto a su vez explica el florecimiento de un montón de estructuras societarias, mutuales, fideicomisos por donde se canaliza el lavado de esta actividad ilícita. ¿Se resuelve esto con una ley penal? No. El fracaso de cerca de seis leyes que se sancionaron en la Argentina desde la época de la ley de drogas de Menem, vinculadas al lavado de dinero, han demostrado la absoluta incapacidad de la legislación penal para controlar el problema. Este es un dato empírico. Como en la frase que se atribuye a Einstein, si al mismo problema le buscan la misma solución, el problema subsiste. ¿Cuántas sociedades hay condenadas por lavado? ¿Cuántas personas hay condenadas por lavado en la Argentina? Los números hablan solos.
Tiene que haber una ley que reprima esa actividad ilícita y sanciones: nadie está postulando impunidad. Pero hay quienes lo único que quieren, casi siempre con mala intención, es instrumentar la respuesta simbólica ineficaz de la ley penal en lugar de encontrar las que puedan implicar una solución real. La incapacidad de la legislación penal contra el problema de las drogas o el lavado es superlativa. Y esto demuestra que el problema del lavado también es un problema fundamentalmente extrapenal que tiene que ver con la falta de controles en distintos niveles de las agencias del Estado. Y hay también una responsabilidad social, porque mucha gente que se sienta en una mesa de un restaurante quejándose de la inseguridad, después resulta ser que están vinculados a la dimensión económica financiera de estos mercados ilegales y por tanto son los que facilitan y favorecen esa actividad.
-En la provincia de Santa Fe se está impulsando la renovación de la Corte Suprema que usted integra. Se menciona incluso su nombre como parte de los que se van.
-Como integrante de la Corte de Santa Fe tengo una limitación ética para pronunciarme. Entiendo que en mi caso personal no hay motivo ni causa legal de remoción. Cualquier valoración que haga va a tener impacto directo en mis colegas. Por eso prefiero no hacerlas mientras no haya una manifestación institucional concreta al respecto.
