El fiscal Stornelli impulsó la denuncia del Gobierno por espionaje ilegal contra Karina Milei, pero rechazó los allanamientos a periodistas que pedía Bullrich.

Carlos Stornelli fue lapidario en su dictamen. “La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice”, aclaró.

Ante el escándalo por las coimas de Karina, el gobierno fue por la vía civil y la penal para impedir que se difundieran nuevos audios que tenían como protagonista a la hermana presidencial.

El juez en lo contencioso administrativo federal, Alejandro Patricio Maraniello dispuso la prohibición de emitir las grabaciones y generó un amplio rechazo, incluso en periodistas cercanos a Milei.

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En la denuncia que presentó un abogado que trabaja para Bullrich en Seguridad, el gobierno había pedido allanar los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, Pablo Toviggino, Franco Bindi y de Carnaval Stream.

La ministra hizo un papelón en televisión cuando aseguró que no había pedido allanar a periodistas y la desmintieron en vivo diez segundos más tarde.

“En primer lugar, debo decir que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”, dice el dictamen de Stornelli.

Sin embargo, el fiscal se alineó con el gobierno respecto a la legalidad de las grabaciones de Karina.

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, planteó Stornelli.