Amalia Granata le entró con todo al fiscal de Estado del gobierno de Maximiliano Pullaro. La diputada santafesina acusó en plena sesión al funcionario de estar de los dos lados del mostrador en un pleito muy caro para la sensibilidad provincial y según dijo también en recursos económicos. Por un lado, es un abogado que representó a víctimas de las trágicas inundaciones que en 2003 anegaron la ciudad de Santa Fe, a las que la Corte Suprema de la provincia obligó a indemnizar. Pero ahora, dijo la diputada, encarna los intereses de la provincia que debe litigar para no afrontar esos resarcimientos y no los apeló.
Con el mismo estilo picante que la distinguía en los talk shows televisivos donde era asidua panelista, la legisladora conservadora cuestionó frontalmente a Domingo Rondina, un letrado que ganó notoriedad por ser consultado frecuentemente por medios de prensa sobre asuntos constitucionales y por representar a dirigentes políticos en sus pleitos. Según Amalia, ahora como fiscal de Estado, Rondina no protestó la decisión de abonar los juicios para defender los intereses de la provincia, ya que como defensor de los damnificados le corresponden honorarios. Y aseguró que intentó poner a su esposa y a un socio de su estudio para continuar con esa representación.
En la sesión del jueves pasado, Granata dijo que había pedido tratar sobre tablas este asunto, pero al no tener dictamen lo manifestó directamente en el recinto, a fin de que en lo venidero se lo aborde en comisiones. No arrancó con sutilezas al referirse a Rondina. «Yo ya había dicho en diciembre cuando lo designan que era un impresentable». Allí enganchó con el litigio por las inundaciones. «¿Qué hace este señor? Pide la sustitución para su esposa. Claro, le deben haber dicho «querido esto es inmoral, sos fiscal de Estado y representas a las víctimas. Y además no querés apelar como fiscal de Estado para recibir la torta de plata como representante legal»». ¿Entonces qué hace este burro? Pone a la esposa para que lo sustituya», dijo Granata.
En ese momento la diputada leyó desde su banca una nota donde la Cámara de Apelaciones de Santa Fe refiere que (María Alejandra) Bachmann, «que es esposa del fiscal de Estado», pide reemplazarlo en la función de abogado litigante.
Por todo eso Granata elevó informes al Ejecutivo para que a través del Ministerio de Justicia o la dependencia que corresponda informe sobre el doble rol que le atribuye a Rondina, en un asunto que calificó de «escándaloso, bochornoso e inmoral desde todo punto de vista».
«Usted no tiene que poner a alguien que lo sustituya. Tiene que renunciar. Encima la pone a su esposa. La sacan porque es bochornoso. O sea que el socio del fiscal de Estado va a ser quien cobre los honorarios del fiscal de Estado», arremetió Granata. «Y este señor debería apelar la sentencia de la Corte Suprema de la provincia. Y en vez de apelar está sentado en su casa esperando que hoy su socio, porque su mujer no pudo porque era demasiado alevoso el tongo, cobre la plata que la provincia le va a dar a los damnificados de las inundaciones de 2003», completó.
Aunque la situación denunciada a los palazos por la legisladora del bloque «Somos Vida» puso a hablar a medio mundo aún no se escucharon réplicas de parte del oficialismo ni del propio funcionario. Sin embargo cerca de los aludidos dicen que no hay nada ilegal, ni oscuro, ni reñido con la ética en el funcionario. Atribuyen todo a un encono histórico de Amalia hacia Rondina por sus posiciones fuertemente encontradas durante el debate de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. En aquel momento Granata fue tachada de «ignorante» en redes sociales por Rondina, a quien ahora ella trata de burro. El bloque de la diputada hace siete meses votó en contra de su designación y ella lo calificó de misógino y de haberle faltado el respeto de forma reiterada. El rencor se corta con cuchillo.
Lo que dicen en cercanías de la parte aludida es que la cuestión planteada es por completo falsa y que la diputada conservadora no sabe lo que está diciendo. Que nadie del estudio de Rondina ni él personalmente están en ningún juicio de inundados ni que cobrarán honorarios. Y que además la provincia no apeló a la Corte Nacional el fallo del máximo tribunal que obliga a resarcir, con el criterio de no seguir maltratando a víctimas de una catástrofe que litigan hace 21 años, porque además el fallo impone unas indemnizaciones muy bajas para la provincia.
En off por ahora, ya que se prepara un informe para replicar para después del receso legislativo y de la feria judicial, señalan que Rondina renunció a más de 5 mil expedientes que podían vincularse con litigios hacia la provincia al asumir como fiscal de Estado. Pero que además en casos donde pueda haber casos anteriores a diciembre, cuando Rondina asumió, hay fiscales de Estado adjuntos para actuar. Lo que queda por saberse es si efectivamente, como planteó Amalia, hubo un trámite judicial para que allegados a Rondina, de su familia o de su estudio, lo representaran ahora en casos en los que no puede actuar por incompatibilidad. Sin manifestaciones por ahora, desde el oficialismo deslizan que no.
