“La corrupción se perfecciona en la Municipalidad. Ya no solo afecta la administración pública, sino que distorsiona la actividad comercial y los precios de mercado. Funcionarios que deciden contrataciones imponen a los proveedores ganadores de licitaciones dónde deben comprar los insumos y a qué precios, que en algunos casos duplican los valores ofrecidos por otros comercios locales”, señaló el edil

Bolatti remarcó que esta práctica se ha naturalizado y expandido dentro de la estructura estatal. “En un contexto de impunidad, la corrupción se profundiza y se vuelve parte del funcionamiento cotidiano. Lo que debería ser eficiencia en los servicios públicos, se convierte en capacidad para desviar fondos. La gestión actual ha perfeccionado estos mecanismos, incluso desde sus primeros días”, aseveró.

En ese marco, enumeró una serie de irregularidades que configuran un patrón preocupante:

-Ordenanzas aprobadas con menos votos de los requeridos.

-Interpretaciones arbitrarias de normas para beneficiar a empresas amigas.

-Licitaciones sin publicación oficial.

-Resoluciones sin difusión, lo que las vuelve inválidas.

-Compras y alquileres con sobreprecios, incluso sin uso real del bien.

-Falta de respuesta a pedidos de informe.

-Ocultamiento de adendas firmadas con Vialidad por obras de ripio y bacheo.

-Y ahora, la obligación impuesta a empresas para comprar en comercios específicos, a precios inflados, que en algunos casos pertenecen a los mismos funcionarios que autorizan los pagos.

Una gestión a oscuras

Bolatti también advirtió sobre el incumplimiento sistemático de la obligación de publicar las normas que rigen el uso de recursos públicos. “¿Cómo harán los organismos de control para actuar si las decisiones del Intendente no están formalizadas ni publicadas? La Constitución y la Carta Orgánica son claras: sin publicación oficial, las normas no tienen vigencia ni pueden afectar a terceros”, remarcó.

El edil marcó que la gestión de Roy Nikisch ignoró esta obligación durante toda su administración. “Las resoluciones del 2024 recién se publicaron en mayo de 2025. Las del 2025, directamente no están disponibles. Esto no es un detalle técnico: sin acceso a las normas, no se puede saber cómo se usan los recursos públicos, ni a quién se contrató, ni cuánto se pagó. Y eso, en democracia, es inadmisible”.

Bolatti concluyó que estas prácticas no solo vulneran la legalidad, sino que consolidan un modelo de gestión opaco, excluyente y funcional a intereses privados.

Por último, el concejal invitó a la ciudadanía a exigir que se publiquen todas las resoluciones. “Lo público debe ser público. Si vos también querés una gestión transparente, tenemos que hacerlo y lograrlo juntos”, cerró.