Horacio Rodríguez Larreta le entregó otro millonario negocio al estudio Bodas-Miani-Anger antes de dejar el gobierno. A fines de 2023, el gobierno habilitó una excepción al Código Urbanístico para un mega desarrollo en una de las zonas más caras de Buenos Aires.
Desde hace varios meses los vecinos de Colegiales miran con temor el enorme predio donde hasta diciembre de 2022 funcionó un Carrefour. El terreno ocupa media manzana sobre la calle Elcano entre Enrique Martínez y Olaguer y Feliú.
En ese lugar, el estudio BMA, el más favorecido por las excepciones al Código durante el gobierno de Larreta, proyecta un edificio de tres volúmenes con una altura máxima de 28 metros cuando el máximo permitido es de 14 metros.
Rodolfo Miani es un viejo conocido del ex jefe de Gobierno. Cursaron juntos en la Escuela Argentina Modelo y desde la llegada de Larreta al poder, BMA no paró de cerrar lucrativos negocios, al punto que los desarrolladores comenzaron a llamar «distrito Bodas Miani» a la zona norte de Puerto Madero.
En marzo de 2023, Rodolfo Miani se presentó ante la Dirección de Interpretación Urbanística, conocida como DGIUR, una dirección que depende de la secretaría de Desarrollo Urbano. El expediente EX-2023-15771989 avanzó a toda velocidad y antes de que terminara el año, el estudio BMA había conseguido un dictamen favorable para su proyecto.
La superficie total que permitía el Código para el predio era de 23.005 metros cuadrados, mientras que el proyecto de BMA pedía 22.294 metros cuadrados. ¿Y el negocio? Si bien la superficie era la misma, El edificio pasaba de los 4 pisos permitidos a 9, con una importante valorización del metro cuadrado.
Además, BMA proyecta subsuelos de 11 mil metros cuadrados para estacionamientos en una zona donde conseguir lugar es casi imposible.
La normativa porteña establece que los propietarios de una parcela mayor a 2.500 metros cuadrados pueden presentar al gobierno «un proyecto para redistribuir la capacidad constructiva dentro de la parcela, siempre que dé cumplimiento a las normas de Usos del Suelo del Título 3, los planos límites…». El proyecto de BMA duplicaba la altura permitida (planos límites) y por eso la DGIUR nunca habría podido otorgar su visto bueno. Pero es no fue un impedimento para que Sandra Tuya, la directora de DGIUR les diera la factibilidad del proyecto. Después, BMA solo tuvo que conseguir el permiso de obra, una cuestión que debería obtener sin dificultades.
Como contó LPO, hace algunas semanas Jorge Macri le intervino la Secretaría a Álvaro García Resta. Sin cargo oficial, Karina Burijson es la nueva interlocutora con el mundo inmobiliario. Según pudo saber este sitio, algunos descubrimientos dejaron muy mal parado a García Resta.
En 2021 el gobierno porteño convocó a estudios y desarrolladores a presentar convenios urbanísticos. Los convenios permiten trocar metros cuadrados en un predio a cambio de ceder metros cuadrados al uso público.
La convocatoria que encabezó el actual secretario de Desarrollo Urbano fue un éxito: se presentaron más de 175 expedientes. «Álvaro García Resta recibió los expedientes le entregó los expedientes a Miani. BMA agarró los que eran más jugosos y se los sacó a los estudios que los habían presentado. En general eran estudios chicos, pero también se metió con Bernardo Dujovne, el padre del ex ministro», explicó a LPO una fuente del sector.
Muchos inversores y desarrolladores terminaron aceptando asociarse a BMA bajo la promesa de conseguir aún más metros cuadrados que los presentados inicialmente. Otros se negaron y sus expedientes nunca avanzaron en Desarrollo Urbano.
Esas maniobras hicieron que BMA tuviera que enfrentar presentaciones en el tribunal de ética del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo que aún no fueron resueltos.
La discrecionalidad con la que se maneja el gobierno en cuestiones arquitectónicas fue objeto de denuncias y procesos judiciales. «La Ciudad eligió no revisar el Código Urbanístico como marca la ley. Prefiere la desplanificación para que la ciudad quede a merced de la especulación inmobiliaria», le dijo a LPO María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos
«Luego de aprobar 15 convenios urbanísticos en la Legislatura que son leyes a medida de las desarrolladoras inmobiliarias para hacer torres, el Poder Ejecutivo vuelve a las excepciones ilegales al Código Urbanístico a través de ‘interpretaciones’. El Poder Ejecutivo tiene prohibido apartarse en casos concretos de la normativa general del Código. La Planificación es una potestad de la Legislatura», señaló Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
«Hace 10 años que la Ciudad es BMAlandia y la DGIUR es el traje a medida que le construye a los desarrolladores», criticó el legislador porteño Juan Manuel Valdés.
